La tregua política no garantiza que mejoren las cuentas públicas

En las últimas semanas ha sido frecuente escuchar que el mejoramiento del clima político permitiría aprovechar un buen momento financiero internacional que podría traer una ronda de entrada de capitales y colocaría a la Argentina en un lugar más parecido al del período 1992/1993 que al del primer trimestre de 1995 cuando el "efecto tequila" casi termina con el "sueño argentino" de la convertibilidad.

El cuestionamiento que podría hacérsele a estas afirmaciones es si ya no hay problemas macroeconómicos que exceden a los efectos benéficos (muy necesarios) de la finalización de las luchas políticas en lo máximo del poder. Se habla de las dificultades que el gobierno tiene para cerrar los números fiscales, ¿puede esta "cruz" extinguirse si las relaciones del poder político son más razonables, entra capital y se reactiva la economía? ó ¿el tema fiscal está complicado por causas de demasiado peso para una "brisa" financiera?

Desde el punto de vista de una eficiente asignación de recursos, ha sido correcta la decisión del gobierno de gravar el gasto en consumo con alícuotas más altas que antes, al establecer, por ejemplo, un IVA a tasa casi uniforme y generalizada y eliminar impuestos distorsivos como las retenciones a la exportación.
La contrapartida es que la recaudación se vuelve muy sensible al ciclo económico (expansión-recesión) más aún en nuestro país donde el consumo representa más del 80% del PBI. Para seguir con el ejemplo de las retenciones a la exportación, dado que éstas terminan siendo pagadas por la producción de exportables que en la Argentina todavía tiene una oferta muy inelástica al ciclo (el caso extremo de inelasticidad es la producción agrícola), un período recesivo altera poco su recaudación y de hecho en el corto plazo puede provocar una suba al aumentar las exportaciones por la caída del gasto interno.

Esto implica que el diseño de la política fiscal y la medición de sus resultados, desde la convertibilidad en particular, deben hacerse más que nunca eliminando el componente cíclico. En cuanto a las privatizaciones, una medida de la situación fiscal que sea "robusta" las debería excluir de los ingresos fiscales porque la facilidad con la cual se hicieron también fue por una cuestión cíclica pero, fundamentalmente, porque constituyen un recurso no renovable.

Cuando en 1993, según datos del gobierno y el FMI, el gobierno logró un superávit récord (sin contar ingresos por privatizaciones por u$s 3.740 millones) después del pago de los intereses de la deuda pública de u$s 1.827 millones, había que tener en cuenta, para no equivocarse sobre qué hacer con ese excedente, dos cosas:
1) el mercado internacional de capitales estaba muy líquido por lo que el despegue que esto traería a las economías del primer mundo, en algún momento iba a provocar el fin del ciclo virtuoso de reducción en las tasas de interés;
2) en una gran cantidad de países emergentes se estaban aplicando políticas de estabilización y reforma estructural como en la Argentina, por lo tanto, era factible que aquellos fondos fueran hacia el tercer mundo para realizar ganancias de capital. En resumen, podíamos esperar una expansión transitoria de nuestra economía.

Sin embargo, el diseño de la política fiscal no tuvo en cuenta este punto a tal extremo que, durante 1994, el aumento del gasto público de "caja" sin intereses, según el propio gobierno y el FMI, fue u$s 6.910 millones (17%) respecto del año anterior. Un adecuado manejo de la cuestión fiscal hubiera requerido que el gasto bajara en términos nominales (como mínimo debía quedar congelado en dólares) esperando la retracción de los flujos de capitales, la caída del producto, de la recaudación y la tendencia al desmejoramiento de la situación del presupuesto público, transformando así una situación fiscal sólida, pero transitoria, en más permanente.

De esta manera, 1994 mostró un déficit (sin contar los ingresos por privatizaciones por u$s 733 millones) después del pago de los intereses de la deuda pública de u$s 1.053 millones, o sea, un deterioro de u$s 2.880 millones respecto de 1993 que, sin embargo, requirió un endeudamiento neto del gobierno de sólo u$s 320 millones. Por otro lado, había un mensaje fuertemente negativo: Argentina no podía pagar (tampoco puede hoy) los intereses de la deuda con superávit en pesos a pesar de la enorme reforma estructural que estaba y está realizando.

El presente año (según los datos del acuerdo con el FMI) es peor todavía para las cuentas fiscales: déficit (sin contar los ingresos por privatizaciones por u$s 1.200 millones) después del pago de los intereses de la deuda de u$s 2.327 millones (121% más que en 1994) que se financiarían, en parte, con deuda por u$s 1.127 millones (252% más que en 1994).

Es verdad que ahora el ciclo está en la fase contractiva por lo que podría argumentarse que hay que tomar el acumulado de los cuatro años transcurridos desde el ingreso de Argentina al Plan Brady (abril de 1992) para captar dos años buenos (1992 y 1993) y dos años malos (1994 y 1995) del ciclo y tener una adecuada noción del problema. Aún así, la comparación sigue arrojando reflexiones preocupantes sobre lo que se hizo en materia fiscal y sobre cómo esto se "da vuelta" en la actualidad: u$s 2.044 millones (0,7% del PBI) de déficit.

Claramente algo falló en el diseño fiscal del plan que no tiene nada que ver con el ciclo en sí mismo. No puede ser bajo ningún punto de vista que Argentina hoy no tenga los pesos necesarios para pagar los intereses de la deuda después de 4 años de "ajuste" y ahí la clave es el gasto público que hoy se encuentra u$s 30.000 millones (60%) por encima del inicio de la convertibilidad.

El trabajo que Economía tiene que hacer con la baja de gasto público es ciclópeo porque estamos tomando deuda por segundo año consecutivo para pagar sus intereses y de manera creciente, con el consiguiente compromiso de tener que pagar más intereses en 1996 y años subsiguientes (en 1997 comienzan a vencer los BOCONES).

Sin dudas, tomando sólo la cuestión fiscal (se podría tomar otro tema como el desempleo) queda claro que durante la convertibilidad se ha subestimado el problema de la solvencia intertemporal del sector público y esto no se soluciona hoy con un poco más de "hot money" sino que requiere creatividad y mucho coraje, ¿los tendrá el gobierno?