La discusión fiscal que se está dando hoy en la Argentina es inadecuada, porque el problema económico de corto plazo no es tanto el sistema impositivo como el nivel y la asignación del gasto público que, en parte, son la causa de la baja tasa de ahorro doméstica, la apreciación del tipo real de cambio, la alta tasa de desempleo, las dificultades para mantener la tasa de crecimiento y la alta evasión fiscal.
Claro, como la recaudación de impuestos está por debajo de las expectativas, y bajar el gasto público nunca forma parte del menú de opciones fiscales en nuestro país y menos en un año electoral, algo hay que decir sobre cuál es la mejor forma de gravar.
Si se toma la definición estándar que habitualmente se hace del gasto público, o sea, sí no se toma como gasto estatal la consolidación de deudas viejas y los intereses que sobre ella se capitalizan y a los desembolsos de los varios fondos fiduciarios que hoy existen, pero se consolidan adecuadamente a la Nación, las provincias y al Banco Central (ver cuadro adjunto), se observa que creció algo más de U$S 36.000 (112%) millones desde el lanzamiento de la convertibilidad.
El 80% (U$S 28.500 millones) de ese aumento está concentrado en lo que podríamos denominar “transferencias al sector privado” (salarios, jubilaciones y transferencias propiamente dichas) y el restante 20% se divide entre el aumento de gastos y servicios, intereses de la deuda pública y gastos de capital.
A partir de aquí aparecen muchos interrogantes. ¿Cómo es posible que el gasto en salarios haya crecido U$S 11.200 millones (105%) si se eliminó al Estado empresario, que el no invertir tenía concentrado el grueso de sus erogaciones en personal y que provocó la suspensión de más de 200.000 empleados públicos?
¿Por qué aumentó tanto la deuda pública, adicionalmente a la consolidación del Bocon y otros bonos, como para entender que el gasto en intereses de la misma haya crecido U$S 3.800 millones (100%) si la tasa de interés que hoy paga no es mayor que antes de la convertibilidad y los títulos públicos rescatados por el Gobierno a través del proceso de privatización fueron de U$S 11.200 millones a valor nominal? ¿En qué gasta el dinero que las cifras oficiales muestran que se “invierte” en la ancianidad, hoy es U$S 13.200 millones (167%) más que en el primer trimestre de 1991, si las quejas por las bajas jubilaciones son permanentes?
Imprudencia fiscal
La respuesta unificadora frente a aquellas preguntas es que durante la convertibilidad ha habido y sigue habiendo una cuota enorme de imprudencia fiscal que ha hecho del crecimiento del gasto público financiado externamente un instrumento para crecer.
De todas maneras, más allá de por dónde debería pasar realmente la discusión fiscal de corto plazo (el nivel y la asignación del gasto público) y dejando de lado la gran cantidad de reformas institucionales en lo fiscal que habría que hacer, un sistema impositivo que pretenda serlo menos distorsivo posible debe tener al IVA como eje fundamental, porque un IVA generalizado con tasa uniforme, al mantener sin alteraciones los precios relativos de los bienes finales, es neutral en su efecto sobre la asignación de recursos.
Si por las preferencias de tipo político se desea tener en cuenta consideraciones sobre equidad, entonces se justifica la aparición de un impuesto a las ganancias.
Si existen distorsiones por remover, como por ejemplo una fábrica que poluciona el medio ambiente y no existe la decisión en los gobernantes de gravar con un impuesto a la producción del bien, entonces se aplicarán impuestos (los “internos”) al consumo del mismo.
Finalmente, la presión impositiva sobre el trabajo debe reducirse para bajar la distorsión entre el precio del capital
y del trabajo, cosa que condiciona seriamente la posibilidad de ganar la batalla contra el desempleo.
La Nación – 24 de Mayo de 1997
