Estimo conveniente dar una explicación de mi reciente presentación contra la Vicepresidenta y los senadores que eligieron a los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura.
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Por José Luís Espert
Cristina Kirchner durante el acto que encabezó en La Plata
Como diputado nacional represento al pueblo, así que estimo conveniente dar una explicación de mi reciente denuncia a Cristina Fernández de Kirchner y a los senadores que, en la sesión del 16 de noviembre pasado, votaron y eligieron a los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura; en un lenguaje claro y comprensible, para que se entienda la magnitud de lo sucedido ese día y los motivos de mi denuncia.
El primer artículo de la Constitución Nacional expresa que nuestro sistema de gobierno es representativo, republicano y federal. Dentro del sistema republicano se encuentra la división de poderes que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, si bien estos poderes son independientes a su vez se controlan entre sí. Por ejemplo, si el poder legislativo dicta una ley que a juicio del Ejecutivo es inconveniente, tiene el poder de vetarla, y si choca con los preceptos constitucionales, el poder judicial tiene el poder de declararla inconstitucional. Si el Poder Ejecutivo dicta un decreto que es inconveniente, el Poder Legislativo tiene el poder de anularlo mediante una ley, o no aprobándolo en la comisión bicameral de decretos de necesidad y urgencia, y el Poder Judicial tiene el poder de declararlo inconstitucional. A su vez, si el Poder Judicial se excede en sus funciones dictando sentencias abiertamente contrarias a las leyes el poder ejecutivo y el poder legislativo, pueden destituir al juez por mal desempeño en sus funciones vía el consejo de la Magistratura o por Juicio Político en caso de los jueces de la Corte. Entonces cada poder es independiente dentro de su esfera de atribuciones constitucionales, pero a su vez hay un control recíproco entre todos para que ninguno tenga todo el poder.
Dentro de este esquema, el Consejo de la Magistratura es el órgano creado por la Constitución para seleccionar y remover a los jueces federales y nacionales de todas sus instancias a excepción de los jueces de la Corte Suprema. De este modo, quien domine el Consejo de la Magistratura, tiene una fuerte influencia sobre los jueces porque estos pueden ver amenazados sus puestos dependiendo de sus resoluciones y por consiguiente puede afectar su independencia. Para que esto no suceda, la Constitución expresa en su art. 114 que, “será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico”.
Sin el respaldo de la oposición, el Frente de Todos aprobó en el Senado a sus representantes para el Consejo de la Magistratura (Charly Diaz Azcue/Comunicación Senado)
En la ley que regula en Consejo de la Magistratura se indica que está compuesto por 20 miembros de los cuales 8 son representantes del poder legislativo correspondiéndole 4 integrantes a cada Cámara, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría.
En el senado el bloque del Frente de Todos tenía un bloque de 35 senadores, la UCR uno de 18 integrantes y luego le seguía el del PRO, con 9 senadores. Con esta composición correspondía designar dos representantes por el bloque del Frente de Todos por ser el bloque con mayor representación, uno a la UCR por ser la primera minoría y otro al PRO por ser la segunda minoría.
Ante esta situación y luego del fallo de la Corte que ratificara esta composición del Consejo de la Magistratura, el bloque del Frente de Todos decide dividirse en dos bloques, uno denominado Frente Nacional y Popular compuesto por 21 senadores y otro, llamado Unidad Ciudadana compuesto por 14 senadores. De esta manera, pasaron a ser mayoría y segunda minoría desplazando al PRO de ese lugar, que cuenta solo con 9 senadores, y así nombrar 3 de los 4 representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura.
Esta maniobra que puede ser reglamentaria se hizo al solo efecto de que el oficialismo tenga mayor incidencia en la composición del Consejo de la Magistratura, al hacer esto claramente el oficialismo no obró de buena fe, y esta es la base central del problema.
Obrar de mala fe y al solo efecto de burlar el espíritu de la Constitución que habla de un equilibrio en la composición del Consejo de la Magistratura y la ley que reglamentó tal equilibrio, es violentar el sistema democrático protegido por la Constitución Nacional en el artículo 36.
Y dicha maniobra es más grave aún, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo del 8 de noviembre de 2022 ya había expresado que “No puede dejar de mencionar este Tribunal que la realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático (artículo 36 de la Constitución Nacional). …”
Luis Juez, el candidato del PRO para el órgano que elige y remueve magistrados
Es decir, la Corte Suprema de Justicia ya le había advertido al Bloque oficialista que la partición del bloque que había hecho, era una artimaña para simular un hecho falso y así obtener un beneficio ilegítimo reñido con el sistema democrático y explícitamente había aludido al art. 36 de la Constitución Nacional, sin embargo el oficialismo mantuvo la división y en una sesión inusual y en abierto desafío de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, resolvió mantener la división del bloque y designar a los representantes del senado en base a dicha partición, además, en la misma sesión votó una resolución en donde repudiaba el fallo de la Corte Suprema.
Esta mala fe en la interpretación del reglamento del Senado para obtener una banca más en el Consejo de la Magistratura, claramente violenta el sistema democrático porque como todos sabemos, la Sra. Cristina Fernández enfrenta múltiples investigaciones y procesos en la Justicia Federal, cuyos miembros dependen para ser nombrados o removidos del Consejo de la Magistratura. Con qué paz espiritual e independencia pueden actuar los ciudadanos que ofician de jueces en los procesos que enfrenta Fernández, sabiendo que el oficialismo es capaz de actuar de mala fe para incidir en el órgano constitucional del que depende su remoción o nombramiento.
La Vicepresidenta está próxima a recibir una sentencia en la causa Vialidad, que si bien no tenemos certeza si será condenatoria o absolutoria, quienes vimos el juicio, sabemos que muy probablemente sea condenatoria. Esa sentencia, puede eventualmente ser recurrida a la Cámara de Casación y habrá otros tres jueces que la revisen y que deben tener las garantías necesarias para que puedan hacer su trabajo, libre de presiones y con total independencia.
De esta manera, lo que parece una simple avivada política, en realidad esconde un plan destinado a influenciar a la justicia en busca de la impunidad de Cristina Fernández. Si permitimos que eso pase, permitimos el inicio de una degradación democrática peligrosa. Esto no es una cuestión política exenta de la revisión de la justicia, esto es un ataque a nuestro sistema democrático y a nuestra Constitución, que juré defender el día que asumí como diputado.
Todos saben que soy economista y como tal siempre expreso las reformas económicas necesarias para salir adelante. Pues bien, para que estas reformas económicas funcionen, es también necesario un sistema constitucional representativo, republicano y federal que proteja el sistema democrático y la libertad individual. Para esto, es necesario siempre y en todo lugar, dar las batallas que sean contra quienes pretendan violentarlo, sea por la fuerza como en el pasado o con artimañas como las que sucedieron en el Senado.
Parafraseando lo que muchos hinchas de fútbol dicen de sus equipos o de la selección ya que estamos cerca del mundial, puedo afirmar, “Si la Constitución tiene 45 millones de defensores yo seré uno de ellos, si tiene un defensor, ese seré yo y si no tiene ninguno, es porque yo ya no estoy en esta tierra.”
Fuente: https://www.infobae.com/opinion/2022/11/18/mi-denuncia-contra-cristina-fernandez-de-kirchner/
José Luís Espert
