¿Quién frenará ahora a Moyano? La inquietud se oyó ayer espontáneamente de la mayor parte de los economistas consultados, a medida que se enteraban del aumento del 30% otorgado a los empleados estatales de la provincia de Santa Cruz.
El razonamiento de los analistas es el siguiente: si desde el gobierno nacional se teme que los reclamos del líder de la CGT, Hugo Moyano, conspiren contra los precios, y lo que se pretende es justamente contenerlos, ¿por qué ahora se le da al camionero una magnífica excusa para exigir acaso más de lo que se proponía?
“Es una señal negativa -dijo Ricardo Delgado, coordinador general de Ecolatina, la consultora fundada por el ex ministro Roberto Lavagna-. Se le está diciendo al sector privado: Señores, desde el Estado se impulsa un aumento de esta magnitud.”
Arranca la discusión
Las negociaciones salariales ya empezaron. La advertencia de los analistas, idéntica a la esgrimida por los empresarios, puede graficarse con una anécdota. Hace menos de un mes, durante una presentación de Carrefour, el presidente de la filial local de la cadena de supermercados, Eric Legros, se mostró alarmado ante un grupo de asesores del Palacio de Hacienda que se habían acercado a felicitarlo por el anuncio de contención de precios que acababa de hacer.
El francés les dijo entonces que sería imposible para la empresa dar ahora un aumento de sueldos similar al otorgado el año pasado (14%, según lo gremios, y que cualquier concesión por arriba de la pauta inflacionaria de 2006 (el 11%) provocaría una espiral de alzas. Horas después, Armando Cavallieri objetaba que su gremio le reclamaría a Legros un 25 por ciento.
¿Cuánto podrían pedir los gremios ahora, con el puntapié de Río Gallegos? El economista José Luis Espert es determinante: “Esto es un disparate. Así, van a tener que meternos a todos presos para que no haya inflación. El Gobierno estaba tratando de cerrarle el pico a Moyano con el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias. Había trascendido que, por esa concesión, quizá se podría poner un techo del 15 por ciento en los reclamos. Ahora, con esta señal absurda, el piso que va a tener la negociación es del 30 por ciento. ¿Quién los entiende? Como Sancho es un hombre K, la medida es inentendible”.
Un trabajo que será difundido hoy por la consultora Ecolatina indica que el límite tolerable de incrementos de sueldos en toda la economía para este año será de un 15% nominal. Hoy, los salarios públicos están algo más de un 25% retrasados en relación con el nivel que tenían con la convertibilidad. El escenario actual es el inverso al que imperaba en 2001: los sueldos estatales están, en promedio, por debajo de los privados.
¿Adiós al superávit?
La otra inquietud del empresariado es menos inmediata, pero también crucial. Y reside en qué pasaría con el superávit fiscal primario provincial, de 4000 millones de pesos el año pasado, si todas las administraciones decidieran imitar a Santa Cruz. Espert no duda: “Prácticamente desaparecería el superávit provincial. El gasto ya venía creciendo al 30 por ciento el año pasado. Si le sumamos aumentos de esta magnitud, no sé cómo van a contener los precios. La prohibición de las exportaciones de carne, los acuerdos de precios, los boicots… ¿Qué van a hacer ahora, mandarnos a todos a la cárcel para que no aumenten las cosas?”.
Nadin Argañaraz, presidente del instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea, agrega que el superávit fiscal primario de la provincias ya había caído un 35% el año pasado en relación con 2004. El economista no quiere hablar de Santa Cruz, pero recuerda, en términos genéricos: “El ajuste salarial fue una de las causas por las cuales las provincias han tenido superávit. Es factible que los reclamos sigan, y cada provincia negociará en función del retraso que tenga”.
Los cálculos de Argañaraz indican que si todas las provincias aumentaran un 25% el gasto total este año (los salarios son, en promedio, la mitad de esas erogaciones), se eliminaría el superávit fiscal primario. “Es importante que se cumpla con la ley de responsabilidad fiscal, que dice que el gasto no debería ser superior al aumento nominal del PBI, que será del 18%, si se considera una inflación del 11,5% y un alza del 6,5% en la actividad. Por eso, creo que los gobernadores están este año ante un desafío: tienen salarios retrasados y más ingresos.”
Delgado cree que, con el superávit provincial en el 0,5% del PBI obtenido el año pasado, una generalización de incrementos salariales haría que muchas provincias no sólo se despidieran del superávit, sino que incluso tuvieran déficit. “Muchos estados exhiben un superávit muy marginal. Por eso, nuevos aumentos, y en esas proporciones, serían una señal negativa”, concluyó.
Nota Original: LA NACIÓN | 19/03/2006
