Sale Prat-Gay entra Dujovne; a rey muerto, rey puesto

Esta nota no es sobre si me gustaba o no Alfonso Prat-Gay. Claramente pienso que sus ideas, más allá de correcciones obvias que comparto y que había que hacer para no terminar en crisis, no son las que el país necesita para salir de su decadencia casi secular.

Ésta es una nota sobre la renuncia de Prat-Gay y algo más. Vale analizar la gestión de Prat-Gay hacia adentro de Cambiemos. Eliminó el cepo sin una explosión del dólar (demostrándole a una sociedad descreída que la libertad no genera crisis), sacó al país de la ignominia de un default de casi 15 años, ayudó a la transparencia del Indec, hizo un exitosísimo blanqueo de más de US$ 90.000 millones (el doble que el de Brasil y casi cinco veces el chileno), junto con el Banco Central terminó 2016 con una inflación inferior al 1,6 o 1,7%, similar a la previa a la devaluación de diciembre de 2015, y por si fuera poco 2017 luce como un año de recuperación económica.

Prat-Gay era una persona con más logros que fracasos. Juan José Aranguren, luego del desastre que se hizo con la tarifas, sigue en su sillón de ministro de Energía. Ningún presidente se despide de un ministro con tantas cucardas. Insisto, para lo que es Cambiemos, salvo que los egos, las cuestiones de piel, de roces personales, hayan llegado a un punto sin retorno. Ahí yo no me meto porque no tengo ni idea de cómo funciona el famoso “equipo Cambiemos”.

Políticamente hablando, es inentendible la renuncia de Prat-Gay, y más cuando el trío de los “superministros” compuesto por Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui dijeron a coro que no habrá cambios en las directrices de la política económica, que no viene ningún shock y que el gradualismo sigue siendo el tótem y la única alternativa -el endeudamiento- a las dos calamidades que dicen los macristas: el “ajustazo” o la hiperinflación (en este último caso, con toda la razón).

Que el Presidente lleve el desguace del Ministerio de Economía al extremo de que haya un ministro de Hacienda que a gatas decidirá el déficit fiscal y que después le tenga que ir a pedir a un par suyo, el ministro de Finanzas (Luis Caputo), que le financie el desequilibrio y a qué tasa luce ridículo. Y que el jefe de Gabinete diga en conferencia de prensa que el Presidente le pidió la renuncia a Prat-Gay, pero al mismo tiempo sigue como ministro hasta que asuma Nicolás Dujovne es poco serio.

Lo que comienza a trascender sobre los pasos que dará Dujovne es que va por una reforma impositiva y por una ley de responsabilidad fiscal para bajar el déficit. Sobre la primera, seamos claros. La Argentina es el país que más grava en el mundo a su sector privado en blanco, con 55% del PBI. Más de la mitad del año trabaja sólo para pagar impuestos aunque no se dé cuenta porque el grueso de lo que recauda el Estado no provenga de impuestos directos como Ganancias, sino de indirectos (IVA, internos, combustibles, cheque, etc.).

La única reforma impositiva que hay que hacer es bajar la presión impositiva por lo menos a 15% del PBI, a niveles tolerables para un país de ingresos medios, eliminando impuestos como retenciones a las exportaciones, cheque, Ingresos Brutos, entre otros, y bajando el resto, como el IVA o impuestos al trabajo.

Pero esta reforma impositiva, dado el nivel extravagante del déficit fiscal, de 8% del PBI, $ 600.000 millones -tomando los intereses reales de la deuda pública-, no se puede hacer si no se baja drásticamente el gasto público. Y ahí los dos grandes gastos inobjetables a reducir son el empleo público y los subsidios económicos.

Sobre el primero, el propio Presidente dijo que heredó 1.400.000 empleados estatales del kirchnerismo para disimular el desempleo. No se entiende cómo no hace nada para racionalizar el Estado pero les cobra impuestos de manera impiadosa a los sufridos contribuyentes para pagar aquellos ñoquis que cuestan $ 250.000 millones anuales. Sobre los subsidios a los servicios públicos (casi $ 300.000 millones anuales) y luego de haber perdido un año para que ahora lleguen boletas con 0 peso, si no se paga lo que las cosas valen, seguiremos con cortes y engrosando el déficit y la ya abultada deuda pública.

Sin baja de gasto público cualquier reforma impositiva que baje impuestos será tibia y seguiremos agrandando el déficit.

Sólo para cumplir el presupuesto 2017, Dujovne tendría que hacer un “ajuste” (¿en año electoral?) de $ 231.000 millones, porque en ese cálculo el gasto público crece al 22%, pero hoy lo está haciendo al 33%, así que la velocidad debería bajar 11%. La clase política me rectificará y me dirá que cumplir la ley de leyes no es ajustar. Tierno.

¿Una nueva ley de responsabilidad fiscal para bajar el déficit moderando el crecimiento del gasto público? Ya tuvimos una en los 90 y no funcionó ¿Lo hará esta vez? El Gobierno tendrá que cambiar, y mucho. Debería entender que darles plata a los peronistas a cambio de apoyos, como pasó con Ganancias, sólo constituye un nuevo escalón para que redoblen su apuesta.

El año se inicia con nuevo ministro de Hacienda con poder cada vez más acotado para cumplir, aparentemente, con objetivos loables como bajar impuestos y el déficit fiscal al mismo tiempo en un año electoral. Difícil, pero no imposible. Toda la suerte para Dujovne. Si le va bien, le irá bien el país, lo único que importa.

Claves para entender

Fracasos y éxitos

Prat-Gay era una persona con más logros que fracasos. Juan José Aranguren, luego del desastre que hizo con las tarifas, sigue en su sillón de ministro de Energía.

El desguace

Que haya un ministro de Hacienda que a gatas decidirá el déficit fiscal y que después le tenga que pedir a un par suyo, el ministro de Finanzas, que le financie el desequilibrio y a qué tasa luce ridículo.

Los planes de Dujovne

Lo que comienza a trascender sobre los primeros pasos de Dujovne es que irá por una reforma impositiva y por una ley de responsabilidad fiscal para bajar el déficit.

El gasto público

No se entiende cómo [el presidente Mauricio Macri] no hace nada para racionalizar el Estado pero les cobra impuestos de manera impiadosa a los sufridos contribuyentes para pagar aquellos ñoquis que cuestan $ 250.000 millones anuales.

El autor es economista

Nota publicada en La Nación