No fue esta una semana que Argentina quien recordar, Maradona perdió por goleada en La Paz, murió el ex presidente Raúl Alfonsin, Cristina Fernández pasó casi inadvertida en la reunión del G-20 en Londres y Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, conocido como “el gendarme de los precios”, está de vuelta. Y en grande, como ejecutor de la llamada “política del apriete”, que consiste en presionar a los agentes económicos privados para evitar la fuga de capitales del país.
El funcionario hizo fama en 2007, cuando decidió intervenir el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) para manipular las cifras de inflación y dar la idea de que los precios -sujetos a bajo estrictos manejos gubernamentales- estaban bajo control. Pero no lo logró. Una vez dijo: “Soy un tipo pesado, siempre cargo un arma encima”. Acto seguido, movió el saco y dejó ver el revólver a los empresarios, recuerda un economista argentino sobre este temido burócrata, quien también se encarga de sacar adelante los controvertidos acuerdos de precios con el sector privado.
El nuevo foco
Hoy Moreno trabaja en diversas restricciones al mercado cambiario, “que buscan detener la fuga de dólares desde el país”, cuenta Aldo Lema, economista jefe del Grupo Security en Santiago, sobre sus tratos con las mesas de dinero en la city porteña. Al menos una empresa chilena está entre las afectadas, habiendo tenido que esperar varios meses para repatriar utilidades hacia Chile.
Importadores y también personas son las que no pueden liquidar pesos por dólares y llevarse esa divisa fuera de Argentina. Así se les imposibilita evitar un posible nuevo corralito -o confiscación de depósitos-, como sucedió con la estatizaci5n de los ahorros de las AFJP, el año pasado. “Yo perdí más de US$ 100.000 con esa confiscación”, dice el economista, que relata el episodio entre Moreno y los empresarios.
”Esta intervención del mercado cambiario se está dando desde que surgieron los paros del campo, en marzo de 2008, y se agravó con la fuga de capitales que siguió a la estatización del dinero de las AFJP”, cuenta José Luis Espert, fundador de la consultora Espert & Asociados.
Pese a que desde el corralito de 2001-2002 los argentinos mantienen dinero sólo transaccional a nivel local -el resto lo depositan afuera o lo mantienen en valores como acciones-, Lema calcula que en 2008 salieron del país unos US$ 23.000 millones, equivalentes al 8% del PBI transandino.
Modus operandi
La fuga se ha financiado con pérdida de reservas internacionales. Y Moreno está llamado a detenerla. “El personalmente llama a banqueros y operadores de mesas de dinero -según Espert, y los persuade dejar de operar con dólares. Como consultor, me han contado que lo hace de una manera vehemente y falta de respeto”. Su estilo está plasmado en “El buen salvaje”, tomo en que los autores Diego Cabot y Francisco Oliven lo reproducen dirigiéndose a ejecutivos de Repsol YPF, Petrobras y Exxon Mobil en muy malos términos.
Moreno ahora “está enviando policías a las casas de cambio y policías a las mesas de dinero. Es una locura. Soy un profesional de la economía y no me imagino cómo hacen esto. Es increíble”, agrega Espert.
En rigor, el “apriete” se ha institucionalizado a partir de dos resoluciones: una del Banco central argentino y otra de la Comisión Nacional de Valores, la SVS transandina. Uno de estos recursos apunta a interrumpir lo que en las mesas argentinas llaman “contado con liquidación”. A través del mecanismo, los operadores argentinos obtienen dólares en el exterior sin acudir al mercado cambiario local. Lo hacen adquiriendo acciones y bonos con pesos y liquidando luego esos títulos en el exterior contra dólares.
La transacción, que es cerca de 15% más cara que acudir al mercado local, antes se realizaba en forma inmediata (de ahí el nombre “contado”). Hoy tarda unos tres días en concretarse al cumplir las nuevas resoluciones, entorpeciendo el sistema.
Los analistas no ven fin cercano a estas trabas. Advierten que la desconfianza en el gobierno y el sistema financiero incentivarán la fuga de capitales.
Moreno deberá actuar al menos hasta pasadas las elecciones del 28 de junio, cuando el gobierno podría disponer una devaluación, preservando las reservas, permitiendo una aceleración de precios y mejorando el aspecto de las cuentas fiscales vía inflación. La medida tendría un costo social importante, pues reduciría los salarios reales.
