Una vez más, los rumores de default sobrevuelan la Argentina. Luego de la cesación de pagos de diciembre de 2001 y de efectuar la reestructuración de deuda más grande de la historia humana en 2005, vuelven las sospechas sobre la voluntad y, en especial, sobre la capacidad de pago del Gobierno.
Es completamente incomprensible que se haya llegado al extremo de dudar acerca de la solvencia fiscal argentina. Desde 2001, los ingresos del Sector Público Consolidado (Nación más Provincias) subieron $ 271.000 millones (25,8% del PIB) entre 2002 y 2008. Esto fue posible por la gran inflación luego de la devaluación, la mayor presión fiscal al introducir nuevos impuestos (créditos y débitos en cuenta corriente y derechos de exportación), el no ajuste por inflación de los balances de las empresas y el crecimiento del PIB real. Tras recuperarse de la peor crisis que haya conocido el país en 2002, la economía creció a tasas casi chinas hasta 2007, para luego amesetarse y comenzar el declive del producto en el tercer trimestre de 2008.
La situación tampoco es tan dramática como la que se vivió en 2001. Allí los vencimientos de deuda representaban un tercio de los recursos nacionales y el doble de las reservas internacionales. Hoy son un cuarto de los ingresos y la mitad de las reservas del Banco Central. Más aún, los depósitos privados a plazo fijo constituían el doble de las reservas, mientras que hoy, también son la mitad.
Lo cierto es que el fantasma de la cesación de pagos está presente. En un intento por llevar tranquilidad, el 6 de enero último trascendió el "Programa Financiero 2009", un informe que busca dar certezas acerca de los medios de pago de la deuda pública, aunque al mismo tiempo suele aportar pocos detalles. A diferencia del año pasado, el informe aún no se ha hecho público oficialmente sino que sólo se los conoce por trascendidos periodísticos.
Sucede que la Argentina se encuentra privada del acceso al mercado de capitales. En primer lugar, porque aún existen U$S 29.000 millones en bonos en cesación de pagos desde 2001 (holdouts). En segundo lugar, porque la intervención del Instituto de Estadísticas (Indec) ha convertido a las mediciones oficiales en simples figuras carentes de valor alguno. Esto provocó el derrumbe de los precios de los bonos indexados por inflación, que contagiaron al resto de los valores de los títulos públicos. En la única colocación en el mercado que el país efectuó en 2008 tuvo que pagar una tasa del 13,3% anual.
Se intentó sortear esta dificultad con colocaciones directas de títulos públicos a Venezuela, pero con esa estrategia le fue igual o peor. Durante 2008 le vendió bonos a Chávez en dos oportunidades. La primera vez tuvo que pagar 12,9%. La segunda, 14,8%. Cabe destacar que las tres colocaciones sucedieron entre abril y julio, meses antes del clímax de la crisis internacional.
El monto de los vencimientos de 2009 no es muy diferente al de años anteriores, aunque tampoco hubo un aumento significativo del stock de deuda pública en 2008. En una situación normal, un país renovaría parte de los vencimientos colocando deuda nueva. Dadas las condiciones internacionales actuales, quizás no se salvaría de pagar una tasa más alta. Como a la Argentina le resulta imposible colocar deuda en el mercado, la Nación debe resignarse a "vivir con lo suyo".
El problema es que "lo suyo" no alcanza. La economía argentina estará en estanflación (recesión más inflación) durante 2009 y los ingresos públicos sufrirán este escenario. Sin embargo, es posible que no caigan en términos nominales debido a la persistente inflación y al flujo de aportes de la seguridad social que antes iban dirigidos al régimen previsional de capitalización, eliminado a fines de 2008.
Aún así, los primeros datos del flamante año son poco alentadores. El campo está atravesando una sequía importante, quizás la mayor de los últimos 100 años. La producción de granos será desastrosa comparada con la de las últimas dos décadas. Los ingresos por derechos de exportación, que en 2008 representaron el 13% de los ingresos del ente recaudador nacional (AFIP) y el 17% de los recursos del Sector Público Nacional, se verán entonces resentidos. Además, las cifras de las dos primeras semanas de 2009 de distribución automática de recursos a provincias muestran un estancamiento importante. Como esta transferencia está ligada principalmente a los impuestos al valor agregado y a las ganancias, augura un desempeño pobre de la recaudación de enero. Y hace parecer que para diciembre de 2009 aún faltan siglos.
Pero con una recaudación creciendo nominalmente no debería resultar complicado cerrar el año, si es que se mostrase sensatez y mesura en la política de gasto público. Lamentablemente, esto no ha sucedido en los últimos años, sobre todo desde comienzos de 2007. El aumento del gasto público ha sido del 44% anual en 2007 y del 35% en 2008, lo cual no sólo ha debilitado la solvencia del Gobierno, sino que además ha sido una de las principales causas del aumento de la inflación en ese período.
Para agravar el problema, en octubre el Gobierno debe enfrentar elecciones legislativas en un momento en que se encuentra débil políticamente. Ya no dispone de caja para calmar a gobernadores e intendentes, muchos de los cuales también sortearán sus respectivos comicios durante el año y cuyas situaciones fiscales llegan a ser incluso más alarmantes. Sufre también una diáspora de sus referentes políticos, algunos de los cuales ya ejercen una oposición activa, unos desde el Congreso, otros desde los medios. Además, el aumento del desempleo y de la pobreza que traerá la recesión generará un clima de tensión social muy complicado y esta vez una mancha más al tigre sí hace una diferencia.
Por ello, seguramente encontremos tasas de crecimiento del gasto público aún más altas que las que vimos en el año que acaba de terminar. El plan de obra pública anunciado el 15 de diciembre no hace más que confirmar esto. Consciente de ello, el Gobierno ha comenzado a eliminar parte de los $ 43.000 millones anuales (4% del PIB) de subsidios al sector privado a costa de un aumento de tarifas. En los últimos meses han aumentado los servicios de luz, gas, trenes, colectivos y subtes, provocando un aumento de la inflación. Esta medida, de carácter fuertemente recesivo, permitirá reasignar el ahorro en subsidios a otras partidas del gasto, evitando (con suerte) algo del empeoramiento fiscal, aunque no permitirá que gane demasiado aire tampoco.
EL PROGRAMA 2009. Según los trascendidos, el Gobierno muestra que cuenta con $ 10.208 millones (0,9% del PIB) de exceso de fondos para cumplir sus obligaciones. Además, siempre según el informe, consigue enviarle recursos a las provincias, cancelarle deuda en términos netos a organismos internacionales y efectuar recompras de deuda pública (a lo que está obligado por un decreto presidencial).
La clave de este esquema es que se basa en dos pilares que pueden ser de barro. El primero y más importante, el nivel de resultado primario, de $ 33.000 millones (3,1% del PIB). El número, que es ligeramente inferior al que figura en la ley de Presupuesto 2009, es excesivamente optimista. Dado los ingresos para el corriente año, supone un aumento del gasto primario de sólo 21%, cosa que no sucede desde 2005. Por supuesto, si se elige poner un resultado alto, entonces la Nación puede tranquilamente darse el lujo de hacer todo lo que dice el Programa.
El segundo pilar es lo que el documento llama "fuentes potenciales", que incluyen $ 21.000 millones (2% del PIB) de Adelantos Transitorios del Banco Central (BCRA) y $ 10.208 millones desde el Banco Nación (BNA), justamente el exceso de financiamiento. La primera supone una pérdida de reservas internacionales, la segunda, una cancelación del crédito al sector privado, es decir, profundizar la recesión. Más aún, sin estas dos fuentes el ejercicio oficial no cierra, por lo que pierden su carácter de "potenciales". Debe destacarse que el Programa no incluye los vencimientos de Letras del Tesoro ni de Adelantos Transitorios en los usos, por lo que los $ 21.000 millones del BCRA que figuran significan financiamiento neto. Dicho de otro modo, los $ 21.000 millones equivalen a duplicar el stock de Adelantos Transitorios.
Ahora bien, la relevancia del Programa descansa en el nivel del superávit. Si se modifica, el ejercicio del Gobierno pierde sentido. Como el resultado que aparece es poco probable y seguramente será mucho menor, resulta completamente necesario un canje de deuda. Este año existen dos fuertes vencimientos de deuda: uno de Préstamos Garantizados (PG), en junio, y otro de Boden 2012, en agosto. Pero, el canje de PG (que no es tal, dado que muchos de ellos están en manos de la Anses, el BCRA y bancos públicos) anunciado por el gobierno el miércoles 28 es totalmente irrelevante para el alivio financiero. No es más que una puesta en escena marketinera. El de Boden ya es más difícil, puesto que al haber mayor proporción de tenedores extranjeros, es operativamente más dificultoso y su nivel de aceptación sería notablemente inferior.
Aún si tuviese éxito en ambos canjes, el Gobierno no tendrá el año cerrado con un nivel de superávit fiscal primario más probable de $ 6.000 millones (0,5% del PIB), un 80% menor del oficial. Podría llegar a 2010 en situación de pagos normal, pero seguramente con la lengua afuera y sobre todo, suponiendo que el gasto público no aumenta más que durante 2008 (lo cual ya es una barbaridad en este contexto).
Si encima no consigue realizar los canjes, entonces tendrá dos opciones: utilizar las llamadas fuentes potenciales y profundizar la recesión de la economía, o declarar el default, lo cual llevará a una fuga de depósitos, de capitales, presión sobre el tipo de cambio y a una recesión peor que la que se intentaba evitar.
Por lo tanto, es claro que las decisiones que se deberá tomar son muy duras. Es cuestión de elegir el menor de los males: una performance floja en las elecciones, una recesión leve o una recesión fuerte. Es duro, pero no injusto. Años de indisciplina fiscal (no la crisis internacional como seguro el Gobierno intentará mostrar), han llevado las cosas a este punto.
