En vísperas de cumplirse un año de las elecciones presidenciales -en las que Cristina Kirchner triunfó con cerca de un 46%-, la presidenta de Argentina decidió esta semana sorprender a su país y al resto del mundo con el anuncio de la nacionalización total del sistema de pensiones. El efecto colateral de la noticia bomba fue, de inmediato, un terremoto bursátil y financiero con epicentro en Buenos Aires y réplicas variadas en los países vecinos y España.
Saqueo, latrocinio, incautación, expropiación, el «corralito» del siglo XXI versión argentina de Hugo Chávez… La lista de términos y expresiones para definir el último golpe de efecto de Cristina Kirchner parecía no tener fin esta semana. La segunda gran decisión de su gestión fue tan mal acogida como la primera: el aumento de las impuestos a las exportaciones del grano o retenciones móviles al campo. Si en ese caso la guerra fue contra el sector rural durante cuatro meses, en el de las jubilaciones el impacto frontal ha sido contra la mayoría de la sociedad, su propia economía y la de los pocos países amigos que conserva.
Terremoto bursátil
El cimbronazo provocó la caída en picado de la Bolsa argentina, que llegó a desplomarse el miércoles más del 10% y arrastró en su caída libre a Sao Paulo, Santiago y con especial ensañamiento, al Ibex de Madrid donde cotizan las grandes empresas y bancos con inversiones en Argentina. La más castigada fue Repsol-Ypf, que llegó a perder un 15,75%, pero el contagio se extendió, entre otras, a Telefónica, Endesa, Gas Natural y BBVA.
Estas dos últimas, expuestas a la injerencia directa del Gobierno si el Congreso, como pretende Kirchner, da luz verde a su proyecto en las próximas semanas. Objetivo dificil de cumplir. De lograrlo, ambas, por medio de sus filiales americanas, pasarán a contar entre sus accionistas con el Estado argentino y en el caso de Gas Natural como primer socio minoritario con un 25% de sus acciones. En este escenario, el juez federal Claudio Bonadio, ordenó el registro de las diez AFJP -entre las que se encuentra Consolidar, del BBVA- y suspendió sus operaciones en Bolsa hasta el próximo jueves.
La intervención estatal en las compañías que tienen títulos de las Administradoras de Fondos de Pensión y Jubilación, conocidas por sus siglas AFJP, alcanzará a medio centenar de empresas que cubren prácticamente, todos los ámbitos de la economía. La noticia hizo remover los cimientos de las firmas afectadas y disparar el riesgo país que mide JP Morgan, hasta superar los 2.000 puntos.
Así mismo, los bonos se desplomaron y la estampida para comprar dólares obligó al Banco Central a desprenderse de cientos de millones para mantener la divisa estadounidense a raya.
En un contexto de crisis donde el fantasma del crack del 2001 volvió a sobrevolar, el Gobierno tuvo que salir a desmentir que pretenda sentarse en los consejos de administración de las empresas mencionadas y rechazar la inmediata expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La excusa del Gobierno para nacionalizar el sistema mixto de pensiones -incorporado en el 2007 por el ex presidente Néstor Kirchner- fue la crisis internacional y las pérdidas de algunas de estas compañías pero el economista José Luis Espert rebate ese argumento: «Obligaron a las AFJP a financiar bonos deficitarios del Estado y forzar esta situación». De similar opinión son los dos últimos ministros de Economía con peso propio en Argentina. Domingo Cavallo dice: «El Gobierno enfrenta un enorme agujero fiscal para los próximos tres años y ha decidido resolverlo apelando a los ahorros del sistema de previsión». Roberto Lavagna, autor del mayor canje de deuda de la historia, consideró el proyecto «irreflexivo» y censuró: «No se puede vivir con anuncios que tienen gran espectacularidad y después no están bien preparados y terminan teniendo efectos negativos».
Sistema como el español
«¿Por qué tanto revuelo si el sistema de pensiones que en teoría resultara de este cambio será igual al español?». La pregunta de un ejecutivo de Telefónica incluye su propia respuesta: «Porque nadie cree en el Gobierno. La sociedad está convencida de que los fondos van a ser usados para fines electorales -el año que viene hay elecciones legislativas- y para engordar su propio bolsillo».
La desconfianza en la administración es infinita y ha sido expresada por toda la oposición, que ve en esos fondos una tentación demasiado grande para los Kirchner. En definitiva, se trata de arrimar a sus arcas 97.000 millones de pesos (unos 24.000 millones de euros) de las AFJP, más otros 13.000 que ingresarán anualmente.
