El presidente argentino, Néstor Kirchner, promueve que el Estado recupere el protagonismo en las jubilaciones
El Parlamento argentino ha comenzado a tramitar una ley que supone el entierro de uno de los pilares económicos en los que se basó la gestión económica del presidente peronista Carlos Menem (1989-1999) y que, de haber triunfado, hubiera supuesto un punto de inflexión en el papel del Estado no sólo en Argentina sino en todo el continente. Se trata de la privatización obligatoria del sistema de pensiones que ahora el presidente Néstor Kirchner quiere revertir y sustituir por un sistema mixto donde la previsión pública tenga un papel creciente. El proyecto tiene fuertes componentes ideológicos en un año en que Argentina encara unas elecciones presidenciales.
Con la nueva ley, los trabajadores argentinos podrán, 14 años después, optar entre seguir en el sistema privado (denominado “de capitalización”) o volver al público (“de reparto”), una posibilidad que les negaba una ley de 1993. La privatización del sistema de pensiones estuvo rodeada de polémica no sólo por el fondo sino también por la forma. Y es que la ley elaborada por el Ejecutivo de Menem, cuyo ministro de Economía era Domingo Cavallo, no fue remitida al Congreso para su aprobación final, tal y como establece la Constitución después de que la Cámara quisiera modificar varios artículos.
En principio, a los trabajadores se les concedió un año de plazo para elegir quedarse en el sistema de previsión público o integrarse en el nuevo sistema encarnado por las llamadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). La ley establecía que una vez elegida la opción, la pública o la privada, ya no se podía dar marcha atrás. Sin embargo, en la práctica, millones de trabajadores se encontraron trasladados sin su consentimiento al sistema privado. Además, hasta ahora los llamados “indecisos”, es decir, los nuevos trabajadores que no expresan una preferencia explícita por el sistema público, han sido asignados al privado.
Compañías administradoras
En la actualidad, el sistema argentino de pensiones tiene 11,3 millones de afiliados al mecanismo privado distribuidos en 11 compañías administradoras, de los cuales sólo 4,3 millones realizan aportaciones. Entre los propietarios de las AFJP figura el grupo Santander, mediante la propiedad del Banco Río, y el BBVA, dueño del Banco Francés.
Quedan en el sistema público 2,5 millones de afiliados que nunca fueron integrados en las AFJP. Éstos contribuían como media con un 11% de su salario al sistema estatal de pensiones, pero dicho porcentaje fue reducido al 7% tras la catástrofe económica de 2001. Las AFJP reclamaron una vuelta al antiguo porcentaje dada la diferencia que se generaba entre los descuentos en los sueldos que, entendían, perjudicaban a sus clientes. Hasta el momento, el Gobierno no ha atendido esta petición.
Otro de los problemas del sistema de pensiones, agravado por la crisis, es que el 43% de la fuerza de trabajo del país forma parte del llamado “empleo informal”. Un dato muestra la urgencia de garantizar y mejorar el sistema: la pensión mínima es de 132,50 euros, mientras el umbral oficial de miseria es de 103 euros, y el de pobreza 225.
Según el proyecto que se tramita, los trabajadores dispondrán ahora de un plazo de seis meses para decidir el traspaso de su contribución al sistema de pensiones estatal, una oportunidad que se les presentará cada cinco años. Cuando queden diez años para la jubilación la opción será definitiva. Aquellos trabajadores que tengan en las administradoras privadas menos de 5.000 euros ahorrados serán trasladados directamente al sistema estatal.
Economistas y consultores argentinos ya han señalado que la nueva ley consagra el sistema mixto de pensiones ya que la opción más rentable será permanecer en el sistema privado hasta los 40 años y entonces pasar al fondo de pensiones público. “Desde que se crearon las AFJP ha habido una reclamación, digamos histórica, para que un trabajador pueda decidir volver al sistema público. Como usuario del sistema me parece bien que se pueda optar, pero no podemos olvidar que estamos en año electoral. Con esta reforma se beneficia a los sectores más desfavorecidos. Los trabajadores con mejores rentas seguirán probablemente en el sistema privado”, apunta Marcelo Bonelli, analista económico del principal grupo de comunicación de Argentina. “El punto es que no se sabe cuál va a ser el costo fiscal de esta propuesta”, añade. “Nadie ha presentado un estudio de impacto fiscal”, corrobora el economista José Luis Espert, para quien la iniciativa responde a un doble objetivo de la Administración de Kirchner. Por un lado, el convencimiento de que el Estado debe desempeñar un papel preponderante en la vida económica del país y, por otro, la posibilidad de aumentar la recaudación del Estado.
“Las cuentas públicas se encuentran en un estado mucho más delicado de lo que parece”, subraya Espert, quien pone como ejemplo la reciente polémica sobre la inflación del mes de enero donde el Gobierno destituyó a una funcionaria y eliminó del índice varios conceptos para poder anunciar una subida de precios del 1% “cuando es el doble”.
Mientras, las AFJP, las entidades encargadas de gestionar las pensiones privadas, se muestran cautas a la hora de evaluar el paso propuesto por el Gobierno. En la Unión de AFJP, la asociación que las agrupa, la tesis oficial es que la nueva reglamentación permitirá la complementariedad de ambos sistemas aunque destaca que la gestión privada ha obtenido “una rentabilidad histórica impresionante”.
Nota Original: DIARIO EL PAÍS DE ESPAÑA | 19/02/2007
