La medición de la inflación quedó envuelta en dudas en Argentina el jueves, luego de que la decisión del gobierno de desplazar del ente de estadísticas a la responsable de seguir la evolución de los precios despertara sospechas de que intentará manipular datos de un indicador que no logra domar.
La Ministra de Economía, Felisa Miceli, dijo que la salida de la funcionaria fue por cuestiones "funcionales" y aseguró que ella no tiene por qué estar al tanto "del cambio de una funcionaria de cuarta línea", durante un breve diálogo con la prensa el martes que reprodujo el diario Clarín.
Pero para los analistas es una decisión muy delicada, dado que el gobierno intenta desde hace más de un año congelar los precios de una economía que aún tiene valores relativos retrasados tras la devaluación de la moneda en 2002.
"El primer costo es la gran incertidumbre que se abre con todos los papeles y títulos e inversiones que tenemos en Argentina actualizadas por CER (inflación) Los inversores van a perder plata por algo que no es", dijo Aldo Abram, economista de la consultora Exante.
"Y los inversores de largo plazo van a tener una incertidumbre fenomenal, porque cuando ellos nos encargan hacer un análisis de proyecto de inversión, nosotros nos basamos en las cifras oficiales, porque no hay otras", agregó.
La noticia sobre el desplazamiento de la funcionaria generó caídas en el mercado de bonos el miércoles, aunque según los operadores fueron pasajeras.
"Cuando se conoció la noticia hubo un flujo de temores principalmente de inversores internacionales, pero no se materializó en grandes ventas", dijo Antonio Cejuela, jefe de investigación de la casa de bolsa Puente Hermanos.
OBSESION
Allá por noviembre del 2005, la inflación se transformó en la obsesión del gobierno, que comenzó a presionar a cientos de empresas para firmar acuerdos de congelamiento de precios de los bienes de la canasta básica y de insumos industriales.
También llegó a prohibir temporalmente las exportaciones de carne para forzar una caída en el valor en la plaza local, y constantemente está mirando el mercado local de alimentos para regular la oferta con distintos instrumentos.
En 2005 la inflación fue del 12,3 por ciento, y en 2006 el gobierno mantuvo una activa campaña para mantener los acuerdos de precios, y logró que la inflación disminuyera a 9,8 por ciento.
Para este año los analistas esperan que los precios al consumidor suban entre un 9,5 y un 12 por ciento.
"Ninguno de (los anteriores gobiernos) se atrevió a tocar la estructura del Indec (ente de estadísticas) más allá de algún cambio en la conducción política. Nunca llevaron el cuchillo hasta el hueso", dijo el analista político Joaquín Morales Solá en una columna de opinión en La Nación.
"Los frenaron dos conclusiones. Pagarían de inmediato un alto precio político por meter mano a un organismo prestigioso y, además, perderían la posibilidad de dar buenas noticias porque en adelante nadie creería a sus estadísticas", agregó.
La decisión también fue criticada por el ex ministro de Economía y actual candidato presidencial Roberto Lavagna, que dijo que "a partir de ahora nos podemos olvidar de los índices oficiales" y señaló con ironía que al gobierno "le sube la fiebre y rompe el termómetro".
SOSPECHAS
Beatriz Paglieri, la nueva funcionaria a cargo de la medición -que pertenecía al equipo de Miceli- tendrá su primera prueba de fuego el lunes, cuando se divulgue el índice de enero, que según las previsiones será de más del 1 por ciento.
Los analistas no creen que el cambio de nombres vaya a dar un vuelco mágico en la inflación, pero aseguran que existen "trucos" que podrían aplicarse.
"El año pasado los colegios privado pidieron un aumento de cuotas. El gobierno les dijo que no, pero les permitió cobrar una cuota extraordinaria (…) Se intentó engañar a la gente disfrazando un aumento de cuota", dijo Abram.
"Esa cuota extraordinaria fue medida para el índice de inflación, porque al Indec, si bien intentaron engañarlo, actuó con profesionalismo y lo midió", agregó.
El analista cree que la nueva conducción del área podría ser permeable a las intenciones del gobierno, y ya ponen bajo la lupa la situación de la medicina privada, en donde se está dando una situación similar a la de la educación privada.
"Desde el punto de vista de la ética, es una vergüenza que porque los índices de precios están mostrando una alta temperatura en la inflación vaya a ser manipulado para mostrar algo que no es", dijo el economista José Luis Espert.