Los indicadores económicos de corto plazo son espectaculares. Estamos creciendo por segundo año consecutivo en el orden del 8%, con chances que a fines de 2005 recuperemos los paradigmáticos niveles de actividad de mediados de 1998. La situación fiscal es sólida. La tasa de interés es más baja que durante los mejores años de la convertibilidad. Lo mismo que la fuga de capitales de residentes. Además, ya hay alguna entrada de capitales de extranjeros. Todo bien.
Cosas muy parecidas se decían hace 10 años cuando la convertibilidad estaba en su apogeo y ya sabemos cómo terminó. Retrocediendo más en el tiempo encontraremos que Argentina parecía tener destino europeo a principios del siglo pasado pero hace 30 años que tiene el mismo PBI per cápita, con el agravante que el 44% de la población hoy es pobre cuando antes era mínima. Hace 25 años éramos igual que Irlanda y hoy son casi 12 veces mayores que nosotros (ver cuadro). Eramos iguales a España y en 2004 ellos son 6 veces más que Argentina. Australia nos superaba en 40% y hoy es 8 veces más. México era menos de la mitad de Argentina y hoy nos supera en 70 por ciento. Eramos 2,5 veces más que Chile y hoy ellos son casi 50% más que nosotros. Argentina era 6 veces Botswana (Africa) y hoy nos superan en 40 por ciento. Fuimos 6 veces más que Brasil y hoy estamos a la par.
Nuestra decadencia es tan terrible que hoy, a pesar de tener entre 8 y 13 veces más de ingreso per cápita que algunos países africanos muy pobres como Zambia, Kenya y Tanzania, la clasificación que nos corresponde en el mundo a partir de indicadores institucionales (ver cuadro adjunto) más la performance de crecimiento económico del último cuarto de siglo, es muy similar a la de ellos.
En efecto, en la segunda columna del cuadro adjunto se ve que haciendo un promedio del ranking de cada país para 7 variables (sobre la base de 200 países de todo el mundo) Argentina ocupa el puesto número 134, Zambia el 137, Kenya el 142 y Tanzania el 145. Irlanda está número 17, Australia en el puesto 21. Los tres primeros (no están en el cuadro adjunto) son países nórdicos: Dinamarca, Finlandia y Suecia. O sea, a pesar de que nuestro ingreso per cápita está en el orden del de Chile, México y Brasil, en materia de respeto a las instituciones, calidad en la información pública, imperio de la ley, eficacia del gobierno, etc., somos indigentes.
Ejemplos sobran. La ridícula redistribución “progre” de los cortes más caros de la Cuota Hilton que ha hecho la Secretaría de Agricultura. El desembarco “pingüino” en el BCRA que llegó al límite del absurdo al poner como director del ente que rige la política monetaria del país a un especialista en lotería. El “apriete” permanente de la Secretaría de Energía para que las generadoras de electricidad capitalicen en la construcción de una central los 460 millones de pesos de deuda que Cammesa contrajo con ellas desde la pesificación de las tarifas. La media sanción del Senado de un proyecto de ley que impide a las empresas de servicios públicos intimar al pago a un moroso sin audiencia previa de mediación. El gobernador de Santa Cruz apela una medida judicial que lo obligaba a abrir toda la información relacionada con los fondos de la Provincia y consigue que otro juez le diga que no tiene porqué rendir cuenta de lo que pasó con el dinero.
Y como paradigma de la falta de imperio de la ley está el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando constitucional la pesificación de los depósitos bancarios.
Es una vergüenza que la Corte Suprema haya dictaminado exactamente al revés sobre el mismo tema en poco más de un año y medio. En efecto, el 5 de marzo de 2003 en el caso de la provincia de San Luis contra el Banco Nación por sus depósitos a plazo fijo, declaró inconstitucional la pesificación de los depósitos bancarios destacando que “el Poder Ejecutivo se apartó de las directivas dadas por el Congreso en la ley de emergencia 25.561” y que “la pesificación asimétrica dispuesta mediante el decreto 214/02 arrasó con el derecho de propiedad de modo incompatible con la protección que la Constitución otorga a esa garantía”.
En su fallo del martes, la Corte Suprema consideró que la pesificación es constitucional, que los amparistas (los ahorristas que recuperaron sus depósitos mediante acciones de amparo) son poco menos que aves de rapiña, que respetar el derecho de propiedad (o sea dólares) hubiera sido crear una clase privilegiada de “no estafados” y que la convertibilidad fue una ficción. Claro, salvo el caso de Carlos Fayt, todos los ministros de la Corte que en aquél momento votaron contra la pesificación y a favor de la dolarización de los depósitos de San Luis como Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Guillermo López y Adolfo Vázquez ya no están más, ya sea por las gestiones del propio Kirchner o de sus “adjuntos” en el Congreso con las respectivas amenazas de juicio político. Por supuesto que esto no es ninguna defensa de aquellos cortesanos sino poner las cosas claras: así como antes había una repudiable mayoría automática menemista, ahora fue reemplazada por una no menos cuestionable tropa kirchnerista. O sea, una burda expresión de la Argentina feudal. Viene el gran señor, en este caso Kirchner, hace 10 años Menem y negocia “su” Congreso, designa sus jueces, su Corte Suprema, su Banco Central.
Irresponsabilidad premiada
También es una vergüenza el fallo de la Corte por la desproporción y antagonismo de actitudes que se tuvo con las provincias versus los ahorristas. La convertibilidad explotó por culpa de que durante 11 años (1991-2001) se mezcló el tipo de cambio fijo por ley con déficits fiscales de 12.000 millones de dólares en promedio anual (4% del PIB) financiados externamente, primero con privatizaciones y luego con colocaciones de deuda. Esto último hizo que el endeudamiento público consolidado (Nación y provincias) saltara US$ 106.000 millones entre 1990 y 2001. De US$ 66.000 millones a US$ 172.000 millones. Las provincias explican 25% de ese aumento de la deuda, o sea US$ 26.500 millones (3 veces la que tenían antes de la convertibilidad) que es el déficit fiscal que acumularon en el período ¡a pesar de haber recibido US$ 15.000 millones en promedio por año de recursos federales (coparticipación y otros), el doble de lo que recibían antes de la convertibilidad! Sin embargo, la Nación se hizo cargo del 100% de la deuda interna de provincias por valor de US$ 13.000 millones ¡como premio por su irresponsable política fiscal durante más de una década!
Si a las provincias, responsables junto con la Nación del peor colapso de la historia argentina se les dio La nacionalización (¿condonación?) de la deuda por US$ 13.000 millones ¿por qué no emitir otros US$ 13.000 millones de deuda pública para respetar los depósitos de la gente y de paso poner algún límite a la barbaridades que puede hacer el Estado en la Argentina?
Nota Original: LA NACIÓN | 31/10/2004
