No es cierto que el acuerdo con el FMI esté hoy en el freezer por decisión unilateral del gobierno que quiere hacer la inversa de lo que pide el FMI para parecernos a los EE.UU. como dice la primera dama Cristina Fernández o porque no estemos dispuestos a tolerar los “caprichos” del Fondo como dice el Presidente Kirchner o porque primero queremos renegociar la deuda para después retomar con el FMI como dice el ministro Lavagna.
La realidad es bien distinta. El FMI, ante los incumplimientos de lo que firmamos voluntariamente el 10 de setiembre del año pasado y la nula disposición de la Casa Rosada de cumplir hacia delante, dijo que así no seguía y a partir de allí sí es cierto que el gobierno contestó “yo tampoco pero te seguiré pagando lo que te debo hasta que reestructure la deuda”.
1) La ley de coparticipación de impuestos debería sancionarse antes de fines de agosto (párrafo 31 de la Carta de Intención del 10 de setiembre de 2003) siguiendo como espíritu el proveer a la responsabilidad provincial en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, jamás se llegó a discutir algún borrador serio en el Congreso. Apenas el Gobierno presentó su proyecto (que en esencia consiste en una suerte de “texto ordenado” del delirio que es hoy la distribución de recursos nacionales) todas las provincias empezaron a hacer cola reclamando deudas viejas de la Nación a favor de ellas.
Encima, en el medio de la discusión, Kirchner decidió dar un aumento a los estatales nacionales a raíz de lo cual las presiones para más favores nacionales arrecieron con mayor fuerza, de manera tal que si hubiera habido ley de coparticipación hubiera sido rechazada por el FMI por no respetar la idea de lo firmado. Conclusión: el gobierno terminó diciendo que ni este año, ni el que viene habrá ley de coparticipación y nuestro canciller Rafael Bielsa ha afirmado recientemente, no sin ironía, que el FMI nos pide “sólo” que reformemos la constitución a pesar que era una meta firmada voluntariamente por Argentina el 10 de setiembre de 2003 con el FMI y que nuestra Carta Magna de 1994 (Art. 75) todavía la está esperando.
2) Respecto de la reestructuración de la deuda, el objetivo firmado por el gobierno en la Carta de Intención del 10 de setiembre de 2004 consistía en mantener “un diálogo cooperativo con nuestros acreedores y nuestro compromiso para tratar a todos los grupos de acreedores de manera justa y equitativa ayudarán a lograr un alto nivel de participación en la reestructuración” (párrafo 18) “y esperamos finalizarla para mediados de 2004” (párrafo 20).
En la Carta de Intención del 10 de marzo pasado cuando el gobierno solicitó la aprobación de la segunda revisión, la meta de “mediados de 2004” desaparecía, era reemplazada (ya no se hablaba de “finalizarla”) por el “lanzamiento de la oferta ni antes de junio de 2004 ni después de agosto de 2004” pero se mantenía el espíritu de setiembre de “un diálogo cooperativo…y lograr un alto nivel de participación”.
Salvo la fecha límite de fines de agosto, todo el resto fue incumplido. La propuesta presentada en Dubai el 22 de setiembre de 2003 fue un bochorno. Luego de ella se tardó más de 6 meses en conformar el comité de bancos que iban a renegociar la deuda, el país sufrió la vergüenza de inhibiciones de bienes públicos en los EE.UU. y logramos el dudoso “milagro” de que el G-7 votara dividido cuando el Directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa el 28 de enero pasado. Así que respecto de mantener “un diálogo cooperativo…y lograr un alto nivel de participación” nada. Sólo se logró un rechazo generalizado.
Ante el fracaso de la propuesta de Dubai, el 1 de junio de 2004 el gobierno presentó la segunda donde se pasaba a reconocer en vez de 7% un 20% de VPN al acreedor. También se volvió a fracasar. No hubo ningún diálogo serio. Sólo bravuconadas seguidas por una política fiscal que a partir de 3% de superávit fiscal se gasta todo. De todas maneras a no engañarnos, la propuesta de Dubai con este “programita” económico es generosa. Pensar que vamos a pagar más de U$S 100.000 millones de deuda en 30 años sustituyendo importaciones, haciendo obra pública, fijando salarios por decreto y redistribuyendo ingresos violando a impuestazos a los que más tienen en un país de pobres suena a “Alicia en el país de las maravillas”.
3) La Ley de Responsabilidad Fiscal ya era una meta en el acuerdo original firmado el 10 de setiembre de 2003 (párrafo 31). No es cierto que haya surgido como un sustituto imperfecto ante la imposibilidad de sancionar una ley de coparticipación. El 7 de julio el Senado le dio su media sanción y el 4 de agosto Diputados la terminó transformando en ley. Plazo cumplido de acuerdo con lo firmado con el FMI (fines de agosto como máximo). Su objetivo era la “introducción de límites vinculantes de deuda y déficit para los gobiernos provinciales” (párrafo 31). Sin embargo, el artículo 10 de la ley dice “La tasa nominal de incremento del gasto público primario de los Presupuestos de la Administración Nacional, Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, entendido como la suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos los intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital… no podrá superar la tasa de aumento nominal del producto bruto interno…. Cuando la tasa nominal de variación del producto bruto interno sea negativa, el gasto primario podrá a lo sumo permanecer constante”.
Esto demuestra un desconocimiento total de lo que pasó en la última década. La convertibilidad no se cayó porque los marcianos conspiraron contra ella o por la privatización del sistema previsional, sino porque el gasto público, a pesar que subió bastante en términos del PIB (4 puntos en 10 años), virtualmente voló en U$S 40.000 millones (+100%) siendo el dólar el verdadero numerario de la economía en aquellos tiempos y hoy también cuando el gobierno mantiene una especie de convertibilidad “vergonzante” de 3 pesos por dólar en vez de 1×1 a pesar del discurso de “la libre flotación cambiaria.” Es más ¡cómo se les va a ocurrir excluir de la meta a la obra pública! ¿Esto es todo lo que aprendieron de la devaluación y el default de fines de 2001?
Ese aumento del gasto público, a pesar de la espectacular suba en la recaudación de impuestos que la recuperación económica traía, hizo que el déficit fiscal quedara en niveles muy altos (USD 12.000 millones o 4% del PIB en promedio anual durante 10 años) que, al financiarse externamente ya sea por medio de las privatizaciones y por el aumento de la deuda externa, provocó un atraso cambiario mayor que el de Martínez de Hoz. Por eso todo terminó a fines de 2001 muchísimo peor que cuando se cayó la Tablita Cambiaria de diciembre de 1978.
De hecho son interesantes algunos números de los últimos 12 años. Entre 1992 y 2003 (período de grandes crecimientos económicos y de colapsos inolvidables) el PIB nominal creció 115% mientras que el gasto primario provincial lo hizo 145% (no se hubiera cumplido la ley). En 7 de los 12 años el gasto primario provincial creció más que el PIB nominal y Santa Cruz (la provincia de origen de nuestro Presidente) ostenta el particular récord de ser la provincia que más aumentó el gasto en el período (300%), la segunda que más años incumplió la meta (falló en 8 años de 12 en total) y la que hoy tiene más empleados públicos cada 1.000 habitantes.
Otro artículo imperdible de la LRF es el 19 que dice que los presupuestos de la Nación y las Provincias deberán ser elaborados respetando el déficit cero, o sea, el equilibrio fiscal en el consolidado del sector público pero ¡excluyendo del gasto a todas las erogaciones financiadas con préstamos de organismos internacionales y la obra pública! O sea, en cuanto a la “introducción de límites de deuda y déficit para los gobiernos provinciales” tal como está firmado por el gobierno, nada, cero. En cuanto a la “introducción de límites vinculantes de deuda y déficit para los gobiernos provinciales”, la idea de lo firmado por el gobierno con el FMI era que hubiera penalidades ante los incumplimientos. En Brasil funcionario que no cumple va preso. Sin embargo aquí la pena máxima es…!que Economía publique en su página web a las incumplidoras! Sin palabras.
Finalmente y como nota de “color”, el artículo 21 de la ley dice que los servicios de deuda pública no pueden superar el 15% de los recursos provinciales corrientes netos de la coparticipación a los municipios. Esta meta es irrelevante como incentivo a la prudencia fiscal cuando el 75% de la deuda pública de las provincias está en manos de la Nación luego de la nacionalización de mediados de 2003. Si no llegan, reestructurarán la deuda que tienen con el Tesoro, o sea el problema es de Balcarce 50 que si tiene “calzado” algún pago de deuda con los supuestos desembolsos que recibirá de las provincias ¡pobre acreedor! No es serio pensar que en vísperas de un año electoral y con un Presidente que ha abdicado a la transversalidad y que necesita del apoyo de la corporación política para “luchar” contra el gran “buitre” internacional (el FMI) vaya a existir mucha ortodoxia fiscal provincial.
4) En la Carta de Intención del 10 de marzo pasado (que sobre este tema ratifica lo firmado en la Carta de Intención del 10 de enero para la aprobación de la primera revisión) el gobierno se había comprometido a tener renegociados totalmente 39 contratos de concesión privada (11 de electricidad, 11 de gas, 1 de agua, 6 de accesos urbanos, 5 de transporte de cargas y 5 portuarios) a fines de junio y 10 a fines de diciembre (siendo el principal el de las telecomunicaciones) para así completar la renegociación de la totalidad de los 62 contratos (al sumársele las 13 concesiones viales que fueron renegociadas y concentradas en 6 el 21 de octubre de 2003).
Hasta hoy, existe un “acta acuerdo” con Aguas Argentinas ya aprobada por el Congreso de carácter transitorio (hasta dic 04), comprometiéndose la empresa a no aumentar tarifas, a realizar inversiones en el período por $242M y a suspender sus acciones legales contra el Estado por la pesificación de las tarifas. Se firmaron “actas acuerdo” con: Telefónica, Telecom, Ferrosur y Ferroexpreso Pampeano (trenes de carga). Hay avances con 4 concesionarias de accesos viales a Capital Federal (acuerdo marco hasta 2007) y con las 3 empresas que controlan las terminales portuarias de Buenos Aires. La propuesta a los concesionarios de accesos viales a Buenos Aires contempla subas escalonadas desde enero 2005 hasta dic 2006, con una suba total de 50% y finalmente la renegociación del contrato de Aeropuertos Argentinas 2000 se encuentra bajo revisión en la Secretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Planificación.
O sea, muy poco pensando que el espíritu de lo que había firmado el gobierno argentino con el FMI para mediados de este año era despejar definitivamente el horizonte de mediano plazo para la inversión extranjera directa. Además de que hubo pocos avances en general, en algunos casos se ha retrocedido porque directamente no hay negociación como por ejemplo con las eléctricas. Es imposible que exista diálogo si ni siquiera el gobierno les da el aumento de precios estacional y además las “aprieta” para que “cedan” sus créditos contra Cammesa para financiar un Fondo para la expansión de la oferta eléctrica so pena de tener que esperar, como mínimo hasta el 2007, para cobrar sus facturas (Resolución 826/2004 de la Secretaría de Energía).
5) A fines de junio (Carta de Intención del 10 de marzo) deberían de haber estado elegidos las auditoras para el due dilligence tanto del BAPRO como del BNA. El plazo original para la presentación de ofertas de las consultoras era el 16 de abril pasado. Dos días antes del citado plazo, el Ministerio de Economía decidió prorrogar hasta el 26 de abril el período de recepción, que luego fue ampliado hasta el 5 de mayo. Ese día se abren los sobres, se declara desierta la del BNA y se considera concluida la del BAPRO, pero recién el 2 de agosto (un mes después de vencido el plazo acordado con el FMI) el gobierno anuncia que Booz Allen es la ganadora y realiza el llamado a concurso público nacional e internacional para el BNA cuya nueva fecha de apertura de sobres sería el 20 de setiembre del corriente año.
(*) Nota publicada en Ambito Financiero el 17/08/2004, Página 4 y 6
