La herencia maldita

El futuro gobierno está obligado a obtener un superávit fiscal superior al 5 por ciento anual para evitar un nuevo default. La negociaciones inminentes. El desafío de cumplir sin morir en el intento.

"Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo; lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo". Mucho más afines a Nicolás Maquiavelo que a Abraham Lincoln -autor de la frase- el presidente Eduardo Duhalde y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, parecen creer que lo que importa es la percepción, no la realidad.

La última apuesta fuerte tiene que ver con la deuda. Lavagna aseguró que no deja una pesada herencia en ese sentido y les recomendó a los candidatos: "que piensen en gobernar y se dejen de llorar".
Con algo de ironía podría decirse que las palabras de Lavagna no pudieron ser más adecuadas: en cuanto se pongan a gobernar y cotejen las cifras de la deuda pública, el próximo presidente y su ministro de Economía, no podrán hacer otra cosa más que llorar.
A pesar de la pesificación de la fase I del canje que redujo la deuda pública en U$S 29.000 millones, la Argentina debe más que a fines del 2001. Para José Luis Espert, "el endeudamiento público argentino es un problema de características extravagantes. Pese a la devaluación y la pesificación, la Argentina debe más que antes de ese proceso y la deuda que representaba el 54 por ciento del PBI ahora se ubica en torno del 150 ó 160 por ciento".

Según estimaciones de los principales estudios económicos del país, la Argentina deberá unos U$S 170.000 millones a fines del 2003 frente a los U$S 144.000 que debía cuando asumió Duhalde y a los 115.000 que adeudaba inmediatamente después de la devaluación y la pesificación impuestas en enero del 2002. Claro que la otra pesificación, es decir la asimétrica que se aplicó a los depósitos y los créditos, casi inmediatamente comenzó a generar nueva deuda. Esta medida implicó la emisión de bonos para compensar a los bancos por casi U$S 9.000 millones, después hubo que sumar U$S 5.500 millones para compensar a las mismas entidades por la salida de fondos vía amparos.
Por la aplicación también asimétrica de CER y CVS a depósitos y préstamos y otras deudas, se agregaron U$S 7.844 millones. Por la emisión de Boden para los ahorristas, la deuda se incrementó otros U$S 5.500 millones a los que habrá que agregar unos U$S 2.800 millones por la redolarización de los depósitos que determinó la apertura del corralón. Por atrasos de interés en la deuda que permanece en default, se contabilizan U$S 8.600 millones, más U$S 11.000 millones por la nacionalización de deuda provincial y U$S 2.600 millones por el rescate de las cuasimonedas.
Finalmente, el reconocimiento de deudas con los ex empleados de YPF y la devolución del 13 por ciento descontado a jubilados y empleados públicos, suman U$S 2.500 millones más.

"Con la pesificación se emitieron más de U$S 45.000 millones, además hay una emisión monetaria sin respaldo de U$S 8.000 millones para financiar al Tesoro. Este gobierno, además de gastar los más de $ 50.000 millones del presupuesto, gastó más de U$S 50.000 millones en emisión de deuda", critica Santiago Gallichio, economista jefe de Exante.
La suma da escalofríos. En un año y medio de gestión, Duhalde generó una deuda nueva casi idéntica a la que se encuentra en default, aunque el incremento neto del endeudamiento durante su gestión es de U$S 25.000 millones como consecuencia del descenso en el stock de deuda que produjo la pesificación de los préstamos garantizados en poder de los bancos y las AFJPs.

A esta cifra, habría que agregarle deudas no contabilizadas como por ejemplo las emergentes de los subsidios adeudados a los concesionarios del servicio ferroviario que alcanzan los $ 800 millones más atrasos del Tesoro Nacional por bienes y servicios consumidos que no bajarían de los $ 2.000 millones.

SALIDA DE EMERGENCIA

Más allá de cuál sea la cifra precisa, la pregunta es si la deuda puede honrarse o no. Por efecto de la devaluación, el producto bruto pasó de U$S 300.000 millones a sólo U$S 100.000 millones con lo que las posibilidades de honrar los compromisos, tanto internos como externos, se redujeron drásticamente. "La Argentina pasó de deber tres presupuestos anuales a deber catorce. La deuda es impagable", dice Gallichio que aporta un dato insólito que despertará las quejas de los tenedores de bonos en default.
"El gran problema para el próximo gobierno no es tanto el default sino esta deuda nueva que creó Duhalde, no sólo porque es enorme sino que además se contrajo con pésima técnica financiera. Siguen indexando deudas con CER cuando la lógica te dice que va a a haber inflación en dólares. Estos tipos pesificaron préstamos garantizados que empezaban a vencer en el 2006 y en el 2007, cuando la pesificación convenía en los dos o tres primeros años pero no de ahí en más. Al 2011, el total de estos vencimientos será de U$S 86.000 millones. Si los hubieran dejado en dólares, la cifra no superaría los U$S 75.000 millones".
Pero el país tiene compromisos más urgentes. A partir de septiembre y hasta fines del 2004, la Argentina enfrenta vencimientos de U$S 16.000 millones. Salvo que el nuevo gobierno decida debilitar las reservas, ni siquiera estará en condiciones de afrontar un pago por U$S 3.000 millones con el Fondo Monetario Internacional que vence en el mes de septiembre. La deuda, producto del blindaje financiero que la Argentina acordó durante la gestión de José Luis Machinea, vencía originalmente en diciembre del año pasado, pero a partir del mini-acuerdo con el FMI, Lavagna logró trasladarla a la próxima administración.

Según Eduardo Rodríguez Diez, economista de la Fundación Capital, "necesitás un período de gracia de 4 ó 5 años de manera que la economía se recupere lo suficiente y haya perspectivas de capacidad de repago de modo que el riesgo país baje y puedas salir al mercado de manera de no afectar otra vez la sostenibilidad de las cuentas públicas", aconseja.

Sin embargo, hay quienes piensan que ni siquiera logrando las tasas más bajas del mundo la Argentina estaría en condiciones de pagar la deuda.

"Habría que tener un superávit primario del 9 por ciento para pagar todos los intereses que se devengan incluyendo la deuda en default o del 4,5 por ciento si no la incluyeras. Hoy tenemos un superávit primario del 2,5 por ciento gracias a una presión impositiva salvaje y a impuestos distorsivos como las retenciones y el impuesto al cheque que el propio FMI te está pidiendo que elimines, con lo cual el superávit desaparecería y estarías otra vez en déficit", calcula Espert.
El economista asegura también que si el próximo gobierno quisiera pagar los atrasos de capital no le quedaría otra posibilidad que cerrar un acuerdo con el FMI para volver a postergar los pagos. "Debés 150 puntos del producto y la deuda defaulteada representa 50 puntos del producto. Con los 100 puntos restantes no podés hacer un nuevo default. Hay 35 puntos que corresponden a organismos internacionales y 65 puntos que es deuda doméstica que ya está defaulteada porque es la fase uno del canje. No se puede lograr una baja muy grande en los intereses trabajando sólo sobre 50 puntos del producto. Es imposible", asegura Espert.

Hasta la crisis mexicana o efecto tequila en 1994, la Argentina pagaba el equivalente al 1,5 por ciento del PBI en concepto de intereses de la deuda y terminó pagando un promedio del 2,5 por ciento durante los diez años de la Convertibilidad. Según Rodríguez Diez, el próximo gobierno enfrentará también un dilema social.
"También hay que tener en cuenta la sustentabilidad. La Argentina nunca destinó más del 3,5 por ciento del PBI al pago de intereses y con los niveles de pobreza e indigencia que hay hoy, va a ser poco digerible que un tercio del presupuesto se destine a pagar la deuda", pronostica.

Conscientes de la incapacidad de pago de la Argentina, los tenedores de títulos argentinos en default están explorando la vía judicial como vehículo para cobrar sus acreencias.
Tres fondos de inversión constituidos en las islas Caimán (Old Castle Holdings, Lightwater Corporation y Macrotecnic International), lograron un fallo favorable en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que condenó a la Argentina a pagarles U$S 8,1 millones por títulos impagos desde diciembre del 2001. En el mismo tribunal, hay un reclamo de la empresa EM Limited por U$S 700 millones junto a una veintena de causas similares que podrían unificarse y que reconocerían al primer fallo como antecedente.

Si los acreedores ganaran un juicio colectivo contra el país, podrían embargar todos los bienes de la Argentina en los Estados Unidos y el país quedaría imposibilitado de hacer negocios o tener propiedades allí. Frente a semejante panorama, el ministro Lavagna se limitó a advertir: "los acreedores que hagan juicios no van a cobrar". El ministro busca así alentarlos a participar de la renegociación que está llevando adelante el secretario de Finanzas Guillermo Nielsen junto al banco francés Lazard Freres. Según Espert, sin embargo, no será tan sencillo, " para comenzar una negociación seria que lleve a una quita sobre la deuda, falta mucho tiempo. Lo que se está haciendo no tiene ninguna relevancia porque la quita que la Argentina tiene que proponer es inaceptable y aunque nos condonaran toda la deuda en default, ni siquiera estaríamos en condiciones de pagar el resto".