Es tan cierto que el déficit fiscal del presente año no diferirá demasiado del de 1999 al ubicarse en los $10.000 millones, como falsa la idea de que una nueva ley de emergencia económica como la que el gobierno se apresta a mandar al Congreso, vaya a solucionar el descalabro fiscal argentino.
En el cuadro adjunto puede observarse que aún con el impuestazo de De la Rúa y suponiendo que se cumplen las proyecciones de recaudación del gobierno para llegar al déficit fiscal de $4.500 millones, el desequilibrio consolidado del gobierno central, más las provincias, más la emisión de bonos para consolidar deudas, llegará en el 2000 a los $10.000 millones, como lo ha sido durante toda la convertibilidad.
La Ley de Convertibilidad fue considerada en su momento como el mejor arma para luchar contra la irresponsabilidad genética de nuestro Estado en el manejo de los impuestos que paga la gente al eliminar la posibilidad de que éste financiara sus gastos con emisión monetaria: si el fisco quedaba impedido de pedirle prestado dinero al Banco Central para financiar sus gastos, entonces tendría que ajustarse sí o sí.
La mencionada ley fracasó de manera rotunda a la luz de los hechos que hemos vivido desde 1991 en su intento de hacer más responsable al fisco argentino.
En segundo lugar, la Ley de Solidaridad Previsional (sancionada en 1995) que impedía al Estado gastar en jubilaciones por encima de lo que se recaudaba para el Sistema de Seguridad, fue inútil para contener el desborde del mal llamado “gasto social”.
Tercero, la ley de responsabilidad fiscal sancionada al final de 1999 tampoco es un arma para hacer más responsable al fisco en materia de gasto público, porque su objetivo es reducir todos los años (comenzado en el 2000) el déficit fiscal de la Nación hasta que sea 0 en el 2003, sin ninguna obligación del Estado de bajar el gasto público para el logro de ese déficit cero. Más aún, está claro, a luz del feroz “impuestazo” que De la Rúa le ha aplicado a los que ya pagan impuestos, de qué manera la Alianza intentará estabilizar al fisco para no violar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
“Incendio”
Al respecto, la baja anunciada de gasto público por $1.400 millones que el gobierno intentará realizar durante el 2000, de ninguna manera es creíble, no sólo porque ya se prometieron varios recortes en los últimos años que nunca se cumplieron sino, fundamentalmente, por la situación de “incendio” que hay en muchas provincias argentinas a las cuales la Nación gentilmente se está prestando para ayudar, y por la “alegre” posibilidad de que se emitan $3.000 millones de BOCON para cancelar deudas con jubilados y militares. De todas maneras, parecería que toda la inútil institucionalidad fiscal que ya tenemos para estabilizar al fisco no es suficiente porque al gobierno se apresta a torturar al Congreso durante este verano para que trate una nueva ley de emergencia económica (recordar al respecto las viejas leyes de emergencia económica y reforma administrativa sancionadas en 1989) que establecería, entre otras cosas, la obligación del Estado de bajar el gasto público en caso que la recaudación de impuestos caiga.
Esto no tiene el más mínimo sentido porque la ley de responsabilidad fiscal vigente ya fija lo mismo que establecerá la nueva ley de emergencia que el Ejecutivo piensa enviar al Congreso: que si la recaudación cae, también lo hará el gasto público. Si alguien dice que quiere hacer algo, lo hace y punto.
Esta especie de “virus” de institucionalizar todo lo que se quiere hacer desde el Estado con leyes, en el caso particular de toda la política fiscal, es la mejor manera de intentar tomarnos por tontos a los argentinos de buena fe al hacernos creer que si hay una ley, entonces sin dudas el hecho sucederá. ¿No sabe acaso De la Rúa que en Argentina es común que “hecha la ley, hecha la trampa”?
Adicionalmente, es una contradicción total estar diciendo desde el gobierno que hay una gran preocupación por la cuestión fiscal y al mismo tiempo anunciar que se emitirán $3.000 millones para cancelar deuda con los jubilados y con los militares cuando el presupuesto 2000 recientemente sancionado por el Congreso fija un límite de $1.800 para emitir BOCON. ¿Hasta cuando seguiremos con el absurdo “cuento” de que cada vez que se emite deuda con un BOCON es deuda vieja y no es déficit del período corriente?
¿Nadie le dijo a Machinea que desde hace rato esta cuestión el propio FMI la terminó, diciendo que emitir deuda pública, aunque sea para cancelar deuda del siglo X antes de Cristo es déficit del período en el que se emite y no de períodos anteriores debido a que el impacto “macro” de los déficits fiscales se da en el momento de la colocación de la deuda?
Nota Original: ÁMBITO FINANCIERO | 11/01/2000
