La contrarreforma previsional que promueve el gobierno le da menos y no más espacio para aumentar el gasto público e insiste en el error de destinar los ahorros previsionales al financiamiento de riesgo argentino: bonos del gobierno en la convertibilidad y obras de infraestructura ahora con en el modelo productivo, cuando en realidad deberían estar invertidos en Suiza porque son los ahorros para nuestra vejez.
La deuda pública consolidada (Nación + provincias) cuando se lanzaba la convertibilidad era de u$s 55.000 millones y al momento de defaultearla a fines de 2001 llegaba a u$s 155.000 millones, o sea, delirantes u$s 100.000 millones de aumento en poco más de una década.
A partir de la privatización del sistema previsional, debido a la caída de aportes personales del Sistema de Seguridad Social (SSS) por los que se decidieron por capitalización y quienes no ejercieron la opción de cambiar a reparto (terminaban en una AFJP por sorteo), entre 1995 y 2001, el sector público consolidado perdió ingresos por u$s 28.000 millones.
Por lo tanto, ni siquiera tratando de hacer una mirada parcial, capciosa y malintencionada hay espacio para decir que la privatización del SSS de 1993 fue la causa del desastre del default y la devaluación de 2001-2002 porque explicaría menos de 30% del aumento de la deuda pública durante la convertibilidad. Pero aunque la reforma del SSS hubiera explicado 100% de los u$s 100.000 millones de aumento de los pasivos del Estado quedarían varias cosas para reflexionar.
Relevante
Es poco serio particionar el sector público como si fuera un conjunto de compartimentos estancos y afirmar luego que un suceso planeado y debatido hasta el cansancio (como la privatización del SSS de 1993) que le hace perder recursos al gobierno es la causa de la peor crisis de la historia. Lo que tiene relevancia macroeconómica es el resultado global, y si ciertas agencias del sector público están en déficit, las restantes deberían generar un superávit para balancear el impacto del conjunto y que el consolidado estuviera, en el peor de los casos, fiscalmente equilibrado. A modo de ejemplo, parte de los paquetazos impositivos sancionados durante la convertibilidad tuvieron la intención expresa de compensar la disminución de aportes previsionales al sistema de reparto.
Mirando entonces las cosas seriamente, la recaudación de impuestos durante la convertibilidad creció $ 40.000 millones-(100%), con ingresos previsionales que se duplicaron respecto del primer trimestre de 1991 a pesar de que el Estado, desde 1995, perdió recursos a manos de las AFJP. El verdadero problema fue que el gasto público sin intereses también creció $ 40.000 millones (120%), dejando al fisco con un resultado igual al del primer trimestre de 1991, cuando el país estaba a punto de caer otra vez en hiperinflación. Obvio que terminamos en un caos peor todavía poco más de 10 años después.
Pero hay un punto conceptual fundamental, incluso más fuerte que el comentado antes. La privatización del SSS blanqueó (parcialmente) una deuda implícita del sistema estatal. Si bien es cierto que el régimen de reparto perdió recaudación desde 1995, también dejó de generar una deuda implícita con los aportantes que se pasaron al sistema privado de capitalización. Tratándose de aportes previsionales que generan un compromiso de gasto hacia adelante, no se pueden interpretar los cambios en la recaudación previsional de una manera parcial, como si se tratara de impuestos comunes (que no generan un gasto futuro). Con la mudanza a las AFJP, el Estado aumentó su deuda explícita, pero redujo su deuda implícita. Este es un punto realmente importante que los detractores de la privatización del sistema previsional obvian por mala fe o ignorancia. El gobierno no debe engañarse; con la estatista reforma que promueve no tiene más capacidad que antes para gastar, ahora tiene que hacer más superávits corrientes (con los recursos que recibirá por los que quedan obligados a reparto y por los que «voluntariamente» cambien) para poder enfrentar hacia adelante el crecimiento de las obligaciones previsionales que surgen de la ley. Es decir, tiene que reducir más la deuda explícita hoy para hacer lugar al aumento de deuda implícita mañana.
Además, el gobierno gastala mayor parte del tiempo defendiendo la «libertad de elección» (reparto versus capitalización) incluida en su proyecto. Suena ridículo e inverosímil que un gobierno que prohíbe el ejercicio de la libre empresa al suspender exportaciones de carne para bajar su precio y así redistribuir el ingreso, diga que defiende la libre elección. También suena ridículo e inverosímil que un gobierno que llega al delirio de pisotear la libertad de trabajo de la gente del INDEC para publicar como inflación a los precios «autorizados» por él (como acaba de ocurrir con el IPK de enero), diga que defiende la libre elección.
Por si los defensores del proyecto oficial, tan preocupados hoy por la libertad de elección, no lo recuerdan, la reforma de 1993 dificultó la posibilidad de quedar en reparto (y una vez optado por capitalización, impidió su vuelta al Estado) como consecuencia de las muchas estafas que los jubilados del sistema estatal sufrieron durante décadas por los irresponsables manejos fiscales de los sucesivos gobiernos y porque además se veía que el sistema de reparto colapsaba. La crisis igual ocurrió y se estafó a los afiliados de las AFJP por culpa de la irresponsable política de gasto público de Menem y Cavallo que, dicho sea de paso, nunca fue denunciada por ninguno de los detractores de la privatización del sistema cuando la convertibilidad gozaba de buena salud. Lo que quieren en realidad es meter al Estado otra vez en el tema previsional. Y van…
Rol estatal
Lo correcto sería cambiar todo de raíz. Siguiendo al CEP (Centro de Estudios Públicos) del economista Mario Teijeiro, deberían jubilarse sólo quienes hayan ahorrado para la vejez y con haberes que se correspondan estrictamente con el esfuerzo de ahorro realizado, el rendimiento de esos ahorros y con la expectativa de vida al momento del retiro. El Estado debería limitar su rol distributivo a una atención mínima para aquellas personas que lleguen a la vejez sin ningún apoyo del entorno familiar, preferentemente contribuyendo financieramente al esfuerzo solidario de organizaciones no gubernamentales.
Un requisito esencial de este nuevo enfoque es terminar con el sistema estatal como instrumento de concesión de jubilaciones nuevas de cualquier tipo, así como descartar definitivamente cualquier nuevo régimen de pensiones no contributivas financiado con rentas generales.
Los argumentos a favor de la continuidad de la obligatoriedad de los aportes a un sistema privado de capitalización se diluyen cuando la evasión es extendida, los «imprevisores» escapan a la obligatoriedad de los aportes y quienes quedan dentro del sistema son solamente los previsores
(*) Nota publicada en Ambito Financiero el 08-02-2007 en página 12
