EL GOBIERNO SE EXIMIRÁ DE LA PROHIBICIÓN DE SUBIR GASTO CORRIENTE A EXPENSAS DEL DE CAPITAL
Las gobernadores pretenden la misma libertad para manejar sus cuentas, ya que muchas incumplirán de hecho la Ley de Responsabilidad Fiscal, por el gasto en sueldos
Para Nielsen, la solvencia fiscal es uno de los grandes avances que había conquistado el país
“A la Responsabilidad Fiscal la cumplimos todos o ninguno”, advirtió un ministro provincial
Las provincias están preocupadas porque el Gobierno podrá desviar fondos presupuestados para obras públicas que se ejecutan en el interior a gastos corrientes de la Nación.
Los ministros de Economía de las provincias calentaron ayer los teléfonos de sus colegas, de legisladores de sus distritos y de economistas amigos, preocupado por los alcances del proyecto de ley que evitará a la Nación el corset de la Ley de Responsabilidad Fiscal, al tiempo que otorgará superpoderes al Ejecutivo para cambiar partidas presupuestarias.
Un ministro de una provincia del Litoral reconoció a El Cronista que la preocupación central sobre el proyecto del Ejecutivo gira alrededor el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque podría achicar las partidas destinadas a obra pública.
El artículo en discordia pone un tope al gasto que no pueda ser financiado con recursos específicos e impide hacer movimientos contables que impliquen incrementos de los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.
Algunas provincias quieren, además, tener las mismas libertades para subir el gasto que las que tendrá el Gobierno cuando el Congreso convierta en ley el proyecto presentado el jueves pasado.
“La Ley de Responsabilidad Fiscal se cumplirá en las provincias hasta que se pueda, porque el peso del sueldo de los docentes y la Ley de Financiamiento Educativo significan un peso muy grande en las finanzas”, alertó un gobernador cuyano.
Este mandatario también pidió que se precise en el proyecto que los fondos que se desvíen no pueden afectar la ejecución de la obra pública.
“A la Ley de Responsabilidad Fiscal la cumplimos todos o ninguno, y ese proyecto abre una puerta muy difícil de cerrar”, abundó, a su vez, un ministro provincial de Economía.
Por su parte, el ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, Guillermo Nielsen, no quiso opinar sobre la ley que impulsa el Gobierno, pero coincidió con sus pares provinciales en que “es fundamental mantener la solvencia fiscal, no sólo a nivel provincial, sino también en la Nación”.
“Este es uno de los grandes desafíos, ya que si la Argentina cambió en algunos sentidos, fue gracias a la solvencia fiscal”, enfatizó el ex colaborador de Roberto Lavagna.
Desde las cercanías del gobernador José Manuel de la Sota prefirieron no confrontar. El presidente de la Legislatura cordobesa, Francisco Frank Fortuna, dijo que mantener el gasto corriente en caja y un superávit alto es una decisión política de la provincia, más allá de cualquier normativa, por lo que no le preocupa el proyecto de la Nación.
“Hasta ahora había cierto límite al gasto corriente, el que en adelante se podrá incrementar, especialmente en épocas electorales”, dijo por su parte Susana Nuti, directora de Fundación Mercado.
Nuti también opinó sobre otro costado del proyecto oficial, el que otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo para reasignar partidas presupuestarias. Al respecto, consideró que “cualquier discrecionalidad tiene que ser muy acotada” y añadió que “los superpoderes provocan que haya cada vez menos control y mayor opacidad en el manejo de fondos”.
La mayoría de los economistas criticaron duramente la medida, aunque en forma genérica, ya que quieren estudiar más a fondo las consecuencias del proyecto antes de opinar.
En tal sentido, Rogelio Frigerio (n.) y José Luis Espert se decantaron por esperar un análisis más detallado antes de fijar una posición.
Espert, de todos modos, adelantó que –según su criterio– la Ley de Responsabilidad Fiscal nunca fue seria, porque no pone límites reales al gasto.
Nota Original: EL CRONISTA | 04/07/2006
