En los últimos 30 años la economía argentina fue muy parecida a una montaña rusa, con enormes caídas seguidas de fuertes recuperaciones. El problema es que después de tanto alboroto no nos hemos percatado de que en promedio no crecimos nada ¡luego de transcurridas tres décadas! El PBI real per cápita es hoy el mismo de 1974, pero con una distribución mucho peor y con pobreza e indigencia estratosféricas. Una pesadilla en la cual uno corre y corre, pero sin moverse del lugar y, además, se cansa. ¿Por qué?
Parte de la respuesta está en que nuestros gobiernos viven disociados de la realidad que palpamos el común de los mortales. Viajan felices y contentos en su propio plato volador, ya sea por ignorancia, ceguera ideológica o sencillamente interés propio. Veamos sólo dos ejemplos relacionados con el gobierno de Néstor Kirchner, aunque es justo decir que el siguiente análisis (con otros temas) podría abarcar a cualquiera de sus “venerables” antecesores y a muchos de los países de la región.
Renegociación de la deuda en default
En cuanto a la renegociación de la deuda externa, según el Gobierno fuimos al default sólo por culpa de la avaricia de los acreedores, que nos prestaban a tasas altas para obtener pingües ganancias, y por el FMI, que nos recomendó las políticas erróneas del Consenso de Washington.
La crisis de la deuda produjo una “destrucción de valor” y ahora tanto unos como el otro deben asumir su parte del error y participar de las pérdidas. Para volver a “crear valor” será necesario que nuestros acreedores acepten una quita “homérica”; que sean socios nuestros en el crecimiento; que el FMI nos refinancie el capital como mínimo una década más, y que el BID y el Banco Mundial nos hagan el “aguante” para siempre.
Sin embargo, la realidad es que si bien prestamista y auditor comparten la responsabilidad (uno sabía el riesgo que asumía y el otro por haber realizado mala tarea de control crediticio), no son los responsables primarios, que sí es el Estado Argentino, por haberse endeudado sistemáticamente durante 10 años hasta atragantarse a fines de 2001. Al FMI le cabe la responsabilidad, además, por no haber advertido de la incoherencia técnica entre una política fiscal expansiva financiada con deuda externa y una política cambiaria de tipo de cambio fijo.
El principal responsable, el Estado, se pasó los últimos dos años y medio (después de declarar el mayor default de la historia con alegría carnavalesca) verdugueando a los acreedores y al FMI, perdiéndose en 2002 o principios de 2003 el momento más propicio para renegociar la deuda externa cuando la Argentina estaba de rodillas y las tasas de interés internacionales eran las más bajas en medio siglo.
Ahora, con la economía creciendo al 7,5% anual en 2004 y las tasas mundiales en alza, el Gobierno tuvo que triplicar el martes pasado la oferta de septiembre de 2003 en Dubai sólo para que los acreedores extranjeros demoraran 12 horas y no una para rechazar violentamente la propuesta de reestructuración. Una vez más el Gobierno corre los acontecimientos de atrás.
Crisis energética
En el caso de la crisis energética la realidad que ha creado el Gobierno es que el problema se debe a empresas privadas imprevisoras, de manera más o menos dolosa. Las transportistas y distribuidoras de gas y electricidad tienen la culpa por no haber previsto el crecimiento de la demanda.
Claro, es que ellas supusieron un estancamiento ad-eternum de la economía y no previeron que el “modelo productivo” de Duhalde-Kirchner nos haría crecer a tasas del 8% anual durante dos años. Son culpables de haber pateado en contra.
Enfrascado en su peculiar realidad, el Gobierno razona que como las petroleras obtuvieron una renta extraordinaria durante los últimos años con el precio del petróleo bien por encima de su promedio histórico de 20 dólares el barril, no tienen ningún justificativo para aumentar los precios en el mercado doméstico.
Además, por haber logrado ganancias extraordinarias es justo que vivan permanentemente “apretadas” por el Gobierno para acordar precios de los combustibles, enfrentar la competencia de la empresa estatal de energía (Enarsa) y sufrir la aplicación de retenciones, primero para petróleo y naftas y ya que estamos, por qué no también para el gas, así la distorsión es bien pareja para todos los exportables.
En realidad, la verdad respecto de la crisis energética es totalmente distinta de lo que dice el Gobierno. Primero, a confesión de parte relevo de prueba.
En un informe de abril pasado realizado por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) que depende del Ministerio de Planificación del arquitecto Julio De Vido, mano derecha del Presidente y hombre con animosidad contra las privatizadas si los hay, no se comprobaron incumplimientos de parte de las transportadoras y distribuidoras de gas y electricidad durante los 90.
Segundo, el comportamiento de la oferta de energía hay que evaluarlo mientras el Estado respetaba los contratos que él mismo había firmado, esto es, mercado libre para el “boca de pozo” y tarifas dolarizadas para el transporte y distribución de gas y electricidad. Antes de la desregulación del mercado de hidrocarburos, a principios de los 90, la perforación no superaba los 15 pozos de gas por año. Promedió los 65 durante la convertibilidad y en 2001 llegó a un máximo de 100 pozos. En cuanto a la capacidad de transporte y distribución de energía, creció casi 70% entre 1993 y 2001.
A partir de la instauración del “modelo productivo”, toda la institucionalidad creada durante los 90 fue destruida: controles de precios (en los hechos) en el “boca de pozo” y pesificación a uno por uno de las tarifas de gas y electricidad. No vamos a pretender que desde ahí en adelante alguien perforara un pozo o pusiera un caño.
Tercero y final. Si hoy falta gas para generar electricidad es porque con la pesificación de las tarifas se produjo un abaratamiento artificial del gas del 40% en términos reales que hizo explotar el parque de autos a gas natural comprimido (GNC) e incrementar espectacularmente la demanda de gas como insumo para producir electricidad por parte de las centrales térmicas.
Las Provincias
Todos los años las provincias reciben como maná del cielo el dinero de la coparticipación que la Nación les envía, dinero que ellas gastan sin ningún esfuerzo por recaudarlo, como si fuera la mensualidad que un padre le pasa a sus hijos adolescentes. Pero la historia recién comienza, porque durante la Convertibilidad, con los mercados locales y externos abiertos, muchas provincias aprovecharon para colocar deuda, que luego terminaron defaulteando en 2002 y traspasándosela al Gobierno Nacional, bajo la promesa de pagar luego con la coparticipación que éste les envía. Y como si ello fuera poco, luego también quedó en manos de la Nación el rescate de la deuda no remunerada, los bonos cuasimoneda (a pagar con coparticipación futura, obvio). Luego, cuando el Gobierno en uno de sus arranques de malevo arrabalero decide hacer oídos sordos a los reclamos de los acreedores externos y aumentar salarios y jubilaciones (entre otros muchos gastos), las Provincias salen a decir que ese gesto las obliga a otorgar ellas también aumentos, no vaya a ser que pierdan a su calificada fuerza laboral a manos del sector privado. Claro que para ello necesitan…más plata! Más coparticipación! Del mismo modo, implementar el “plan de seguridad” del Gobierno requiere dinero. ¿Y qué mejor forma hay de fondearlo que devolviéndoles a las administraciones provinciales el dinero que se les “quita” mediante la recaudación de retenciones que por ser tasa aduanera queda 100% en la Nación sin coparticiparse? A todo ello hay que agregar las pujas interprovinciales, con 24 jurisdicciones inventando deudas atrasadas y perjuicios, intercambiando privilegios y vaya uno a saber cuántas cosas más con el fin de justificar una tajada mayor en el reparto de la torta. Fondo de reparación del conurbano bonaerense, promoción industrial, zonas más desfavorecidas, etc., todo sirve para justificar mayores necesidades.
Mientras el Gobierno está absorbido por el reparto de la torta entre jurisdicciones, el FMI reclama una mayor correspondencia entre lo que recaudan las provincias y lo que gastan, como principio básico y fundamental de responsabilidad fiscal. La provincia que quiera gastar mucho, bárbaro, que mate a impuestazos a sus contribuyentes hasta quedarse sin ninguno y se acabó el problema. La competencia entre jurisdicciones sería la mejor herramienta para combatir el exceso de presión tributaria formal. Sin embargo, la enorme brecha entre lo que la Argentina prometió al FMI y lo que está haciendo dará seguramente lugar dentro de algún tiempo a titulares de los diarios quejándose de mayores presiones del FMI sobre las provincias, nuevas exigencias y bla bla bla.
Mercado laboral
La realidad del Gobierno. Entre las causas de los males que hoy padecemos se encuentra el haber desarmado todo el andamiaje de protección de que gozaban los trabajadores antes de las reformas de los ’90. De allí que ahora debamos desandar camino para volver a la seguridad laboral de aquel entonces (algo así como el empleo vitalicio japonés). Como además suponen que la demanda laboral es perfectamente inelástica, aumentan salarios privados por decreto, incorporan luego los $ 200 al salario, incrementando costos laborales, fijan la doble indemnización para despidos sin causa, que luego prorrogan cinco veces, impiden a las industrias afectadas por los cortes de gas suspender o despedir personal. Y ahora ya se habla de prorrogar ad-eternum la doble indemnización y quizás otorgar otro nuevo aumento de $ 50 “no remunerativo” (por ahora). Ya que estamos, por qué no atacar también la reforma laboral de De La Rua amparándose en el escándalo con que fue sancionada y volver atrás con algunos temas como contratos, la posibilidad de negociar salarios empleados-empresa, sin intervención del sindicato.
La realidad del resto del mundo. Claro, antes de las reformas de los ’90 no teníamos desempleo visible porque estaba oculto. Las empresas del Estado servían para hacer política, dándole empleo a cualquiera. No sorprende entonces que la productividad del trabajo fuera bajísima y por lo tanto también los salarios reales. En lugar de tener piqueteros cortando las calles teníamos los piqueteros adentro de YPF, Segba, ENTEL y Gas del Estado entre otras. La verdad es que en materia laboral, todos los Gobiernos de la Argentina decadente persiguen el mismo objetivo: salarios reales altos, sin importar cuál sea la productividad (que es la contracara del salario real). Los Gobiernos de derecha suelen tender hacia este objetivo mediante la apreciación cambiaria artificial, como durante las épocas de Martínez de Hoz y Menem. Y los Gobiernos de izquierda pretenden seguir el mismo objetivo pero mediante la intervención directa con salariazos por decreto, encarecimiento de los costos laborales, prohibición de despidos e inspectores del Ministerio de Trabajo patrullando las calles. Se olvida el Gobierno también que al encarecer el empleo blanco, termina contribuyendo a: 1) un menor crecimiento total del empleo; y 2) la sustitución de empleo blanco (costoso) por empleo negro (más barato y flexible). Como si ello fuera poco, además pensamos en hacer permanente la doble indemnización por despido sin causa. Brillante, el próximo paso es directamente la prohibición de despedir, línea en la cual ya está avanzando el Gobierno al sugerir a las empresas afectadas por la crisis energética que antes de despedir o suspender personal entren en un procedimiento especial para meterles miedo.
Apertura comercial
Según el Gobierno los subsidios agrícolas del mundo desarrollado perjudican a nuestro país que es un exportador neto de productos agropecuarios, incentivando la oferta mundial y deprimiendo los precios. Al mismo tiempo, las trabas arancelarias y no arancelarias imposibilitan el ingreso de nuestros productos a sus mercados. El ALCA tiene beneficios dudosos para nuestro país por cuanto estaríamos abriéndonos a países más desarrollados que son más competitivos. En cambio, el comercio con países más semejantes a nosotros, como Brasil, los países andinos, India y China es más ventajoso, puesto que nos compran pero no tienen mucho para vendernos.
La realidad. Pocos temas suscitan más confusión en el imaginario popular y en la agenda de Gobierno que el comercio internacional. Los países ganan del comercio cuando se abren al mundo y acceden a la posibilidad de intercambiar productos a distintos precios de los que imperarían en autarquía, agotando en el camino las ganancias del intercambio. Un ejemplo clásico, conocido por todos, de cuando esto no sucede son los pedidos con que habitualmente se agobia al amigo o familiar que tiene la suerte de viajar a Miami (palms, celulares, computadoras, relojes, DVDs, etc). La gente estaría dispuesta a gastar más en una palm si costara u$s 200 pero no si le cuesta u$s 400 (y la diferencia no es el costo del flete).
El comercio internacional permite además especializarse en aquello para lo cual resultamos más productivos y obtener mediante su comercio aquellos otros productos para los cuales no somos tan competitivos. Traducido esto significa vender caro y comprar barato. Sentido común. En el caso Argentino ello implicaría aprovechar las ventajas comparativas y producir alimentos y materias primas, con el mayor valor agregado posible, claro. No tiene mucha lógica pretender desarrollar aquí desde cero la fabricación de instrumentos ópticos de precisión.
La postura del Gobierno de crecer en base a la sustitución de importaciones y al mismo tiempo exportando es propia del mercantilismo rancio que impera en nuestro vecino Brasil. Exportar es bueno, importar es malo. Lo cual se conjuga con la noción de que las divisas que generan las exportaciones son de todos, del país, del pueblo y no de Juan o Pedro que plantó la soja, la cosechó y la colocó en un buque para China.
Pero las inconsistencias abundan. Cualquier libro de texto enseña que para exportar más también hace falta importar más. Es ridícula la postura del Gobierno de pretender que los demás países se abran a nuestras exportaciones mientras nosotros nos cerramos a sus exportaciones. Como también es absurda la idea de crecer en base al comercio con países pobres como China, India, Brasil & Co. Se trata de países mayormente agrícolas o con escasa generación de valor agregado, con quienes difícilmente podamos desarrollar un intenso flujo comercial. ¿La soja a China? Pero si la soja es un commodity, fungible como todos, fijado el precio da lo mismo que vaya a China, Alemania, el Congo o Estados Unidos. Nos sirve que China haga presión mediante el crecimiento de su demanda sobre los precios de los commodities en general, pero luego da lo mismo a quién le compre.
Tampoco deja de ser irónico que el Gobierno se preocupe por el daño que los subsidios agrícolas causan al país, cuando internamente se persigue a los sectores exportadores (¿la AFIP no utiliza satélites para controlar la evasión en el campo?) y se los castiga con la expropiación de parte de su renta, vía retenciones, para redistribuir entre los perdedores del modelo (planes sociales, jubilaciones y salarios públicos, obra pública, etc.). Es la misma mecánica, pero a tamaño menor, del IAPI de Perón, cuyo objetivo era transferir la renta del campo hacia las industrias de las ciudades.
Conclusión
Si tenemos alguna intención, aunque sea mínima, de salir permanentemente de los problemas que nos agobian, el primer paso es bajarse del plato volador y ver que lo que nos ocurre es consecuencia de que hace demasiados años que usamos el mismo y desgastado pocillo de café (del capitalismo “trucho”) nada más que a veces girado hacia la derecha (Carlos Menem) y otras hacia la izquierda (Néstor Kirchner).
Los platos rotos los pagamos todos, particularmente las futuras generaciones de argentinos que serán más pobres, o en el mejor de los casos, igual de pobres que hoy.
(*) Parte de este trabajo fue publicado en La Nación el día 06/06/04, Página 8, Sección Economía & Negocios
Nota Original: LA NACIÓN | 06/06/2004
