Por evasión, contrabando y trabajo en negro, entre otros ítems, se pierden alrededor de $49.000 millones, más de cuatro veces el superávit comprometido con el FMI.
Mientras la Argentina se compromete a obtener un superávit de 3 puntos del PBI –una meta que para muchos analistas es un gran esfuerzo fiscal-, el Estado pierde o deja de recaudar –según cómo se lo mire- alrededor del 14% del Producto (calculado a valores corrientes hacia fines de 2003) si se consideran desde los $30.000 millones que se calculan de evasión hasta el contrabando o incluso ítems como exenciones, promoción industrial, empleo en negro y jubilaciones de privilegio. Son unos $49.000 millones anuales; o U$S 16.500 millones.
El cálculo no incluye otros rubros. Una profunda auditoria en distintas áreas encontraría más gasto improductivo, en las contracciones injustificable, los históricos ñoquis y los favores especiales.
EVASIÓN. El mayor agujero negro es la evasión impositiva, que en los cálculos de los especialistas se acerca a los $30.000 millones mencionados. Esto abarca desde evasión en el IVA con facturas truchas hasta doble contabilidad en Ganancias y la utilización de diversos instrumentos para evadir a la AFIP, como son los paraísos fiscales.
Además la evasión provisional también abulta lasa cifras. Cerca del 40 % de la fuerza laboral en la Argentina está en negro.
La evasión va de la mano del contrabando. Según un detallado informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio, por la Aduana anualmente se evaden más de $5.700 millones.
A esto se le agregan otras maniobras clásicas en el comercio exterior. El caso que más se ha dado en los últimos meses es la subfacturación de exportaciones, justamente para pagar menores retenciones. El monto se estima en $1.400 millones.
La subfacturación también se da en las importaciones, pero por una cifra levemente menor, alrededor de $1.000 millones anuales.
PONER FRENO. Hasta el momento ningún gobierno , en las últimas décadas, pudo instrumentar un programa real y concreto que frene la sangría.
Las opiniones sobre el origen del problema están divididas. Están los economistas que argumentan que la cuestión pasa por cómo está conformada la administración pública y por eso proponen una profunda reforma del Estado. Otros sostienen que no se trata de un nuevo ajuste o reducción, sino de lograr mayor eficiencia y menor corrupción.
El economista José Luis Espert define la situación crudamente: “El Estado desde hace medio siglo más que dedicarse a la Justicia, a la educación básica, es un cliente del sector privado que tiene poder de lobby”.
En la visión de Espert, parte del problema está en el régimen impositivo: “Con alícuotas formadas de impuesto salvajes y distorsivos como los que hay en la Argentina, la evasión tributaria no se va a reducir jamás”. Para este economista, la salida pasa por reducir el gasto público. “Creo que es el gran agujero y que representa casi 30 puntos del PBI”, dice.
Por su parte, el ex subsecretario de Comercio Exterior, Raúl Ochoa, sostiene que “estos problemas no vienen de esta gestión o la anterior, sino que se arrastra desde hace bastante tiempo”. Según su análisis, “en la década del `90 indudablemente hubo un error de concepción; en aquel entonces se pensó en un slogan que decía “menos Estado, más Nación. Ese es un concepto equivocado, porque se necesita un Estado fuerte para las funciones básicas”.
En ese sentido, consideró que “el control del Estado debe estar orientado no sólo a los egresos sino también a los ingresos y cuando hablamos del tema de la administración tributaria eso es clave para la equidad, en un país donde hay muchos poderosos que evaden y otros que están en categorías sociales mucho más bajas y pagan como corresponde”.
EN REMEDIO. En el Ministerio de Economía admiten que no es nada fácil tratar de evitar las cuantiosas pérdidas que tiene el Estado. Un importante integrante del equipo económico admitió que cuando se plantea hacer una reformulación seria en el Presupuesto, establecer controles más estrictos sobre la forma que se gasta y ser mucho más austeros, comienza un juego de presiones políticas que siempre terminan “torciendo el brazo”.
De todas formas, ese mismo integrante del equipo económico sostiene que una de las medidas con las que esta gestión busca transparencia en “la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas”, a la que considera una forma de allanar el camino hacia “un marco más transparente” y a la concreción de inversiones en función de una mejora en los servicios.
La iniciativa más contundente hasta ahora es el paquete de leyes antievasión.
Esa iniciativa busca reducir notablemente los niveles de evasión en el IVA y en Ganancias y darle un marco más duro a las organizaciones que funcionan para no pagar impuestos, enfatizando la figura de la asociación ilícita.
Según aseguró el titular de la AFIP, Alberto Abad, el programa antievasión va a permitir tener elementos más contundentes que los actuales para detectar y llevar a juicio penal a las organizaciones que delinquen contra el fisco.
Otro instrumento que también se está buscando perfeccionar es la lucha contra el empleo en negro, para lo cual se uso en vigencia un sistema de control permanente sobre las distintas actividades económicas, llevado a cabo por la AFIP y el Ministerio de Trabajo.
La cifra que se pierde cada año –mientras estos mecanismos no sean eficaces es similar a, por ejemplo, el monto de atraso en la deuda desde que se declaró el default. Y representa más de diez veces la partida asignada a los planes Jefes y Jefas de hogar, el principal instrumento con el que se intenta paliar la crisis social.
