Hay una enorme cantidad de noticias positivas sobre la “performance” de la economía argentina en los últimos meses.
Estamos creciendo desde hace tres trimestres a una tasa del 6,5%. El crédito ha aumentado en los últimos cuatro meses más que en los diez primeros de 1996. Una importante “rating agency” ya asigna a los bonos en pesos del Gobierno el mismo riesgo que a sus bonos en dólares.
Después de dos años, en octubre de 1996, la economía ha vuelto a crear empleo fuertemente. El Gobierno esta colocando deuda externa a una tasa muy baja y a una maduración muy elevada.
Las exportaciones en valores reales están creciendo 10% anual cuando en los años de la primera expansión de la convertibilidad (1991-1994) lo hacían al 3,6% anual.
Sin embargo, el modelo de política económica sigue teniendo una dosis básica de inconsistencia dado que el flujo de ingreso de capitales no es sostenible (cosa que ha quedado demostrada por el “efecto tequila”), se invierte en cosas que no aseguran el repago de la deuda externa y finalmente la economía crece con tasas de desempleo muy por encima de la “natural” fruto de una política fiscal muy expansiva en un contexto de una apertura económica muy fuerte y con leyes laborales directamente de regímenes no democráticos.
Racionalizando desde el punto de vista técnico el actual modelo de política económica daría la sensación de que ha habido un diagnóstico como dice el viejo refrán: “el ahorro es la base de la fortuna” A partir de aquí cabrían dos posturas.
La ortodoxa que dice que el ahorro sano (el que permite sostener la tasa de crecimiento) es el que se logra gastando por debajo del ingreso, lo cual imponía mucha disciplina fiscal (Ley de Convertibilidad, congelamiento nominal del gasto público, eliminación de la ley de coparticipación,limitación legal muy fuerte al endeudamiento público) y desregulación desde el vamos del mercado laboral.
La otra (la elegida por todos los equipos económicos que han pasado por el poder desde 1991) es la que dice que el ahorro al cual hace referencia el refrán es el de terceros (no el nuestro), o sea el de los extranjeros (los no residentes), es decir, tomar prestado. No en vano la Argentina ha privatizado (y gastado) contra ingreso de capital externo absolutamente todo bien público que existía de épocas pasadas y se sigue insistiendo en que “las reformas estructurales pendientes” pasan, en parte, por seguir privatizando más (¿para seguir gastando más?), cuando en realidad si hay un deber incumplido por la convertibilidad es el de tener prudencia fiscal.
Durante el primer período de expansión (1991-1994),
la Argentina gastó lo que tomaba prestado en el mercado internacional de capitales en financiar la inversión en construcciones e importación de maquinaria y equipo que realizaba el sector productor de bienes no comerciados internacionalmente (construcción y servicios) y así creció al espectacular ritmo anual de 8,9%.
En la nueva etapa de expansión económica que se inicia en 1996, los fondos externos esencialmente, están y seguirán siendo aplicados al financiamiento del déficit fiscal (que en gran parte son los intereses de la deuda externa pública).
O sea los dólares que el sector público ingresa por la cuenta capital de la balanza de pagos mediante la colocación de bonos, salen por la cuenta corriente bajo la forma de intereses de la deuda externa pública.
La inconsistencia básica sigue existiendo como en el primer período de expansión; la contrapartida del endeudamiento externo que contrae la Argentina desde hace seis años o es la inversión en el sector productor de bienes no comerciados internacionalmente o es el déficit fiscal; no queda asegurado el repago del pasivo externo.
Por el contrario, una política económica consistente desde el punto de vista macroeconómico, hubiera sido invertir el endeudamiento externo en el sector que produce bienes comerciados internacionalmente (esto recién comienza a producirse ahora corno en el caso de la minería), lo cual hubiera traído como consecuencia futura deseable la necesidad de menores tasas de endeudamiento externo para que la economía crezca.
A su vez ello hubiera requerido que, en un régimen de libertad de precios como el vigente, la política fiscal fuera más prudente en cuanto al aumento del gasto público.
Al no haber ninguna decisión de política económica que indique que el Gobierno busca la consistencia entre la regla cambiaria y el presupuesto público (bajando nominalmente el gasto), el desequilibrio (mostrado por la espectacular tasa de desempleo y por entradas de capitales difíciles de sostener) que esta situación genera, se intenta solucionar o tomando más deuda externa (“red de seguridad bancaria”) o en apariencia vía el mercado laboral.
La red de seguridad que el BCRA acaba de constituir por U$S 6.100 millones con fondos externos trata de evitar, cuando se produce un “tequila”, la corrida bancaria (salida de capitales) y la caída en la oferta de crédito que redunda en una profunda recesión como ocurrió a partir de abril de 1995. Pero ello no remueve de ninguna manera la inconsistencia macroeconómica básica del modelo de la convertibilidad ya comentada.
Esta se traduce en la dificultad de mantener una tasa estable de crecimiento porque un “efecto tequila” con esta red de seguridad no podría evitar, de todas maneras, que la demanda de crédito caiga ante el temor de la devaluación por un déficit fiscal que se torna difícil de enjugar cuando escasea el financiamiento externo.
Por lo tanto habría efectos recesivos aunque probablemente mas leves.
La estrategia del Poder Ejecutivo respecto de la reforma laboral y de obras sociales es absolutamente política en el sentido que promete realizar algo que sabe perfectamente que no cumplirá en la medida en que la economía la necesita.
Al FMI le promete llevar adelante con todas sus fuerzas ambos proyectos para que el mencionado organismo internacional le apruebe un programa económico que de la ortodoxia tradicional del FMI no tiene nada pero que realiza reformas estructurales muy apreciadas por el primer mundo por lo cual justifica su apoyo financiero, más aún en un contexto de elevada liquidez internacional.
Al empresariado local, que no logró incentivarlo a que no destruyera empleo (a excepción de la medición de octubre pasado) pese a la baja de aportes patronales, le promete un mercado laboral desregulado para que puedan bajar salarios nominales (mas de lo que ya ocurre en los hechos) y evitar así que el problema de tipo real de cambio generado por el accionar deficitario del sector público se transforme en inmanejable.
A los sindicalistas también los deja satisfechos porque si bien en apariencia les aplica el “grillete” de la flexibilización laboral y la desregulación de las obras sociales, en última instancia piensa que son importantes para ganar elecciones y por lo tanto no irá a un enfrentamiento demasiado concreto con ellos con un tema tan “caro” a los sentimientos sindicales.
Si 1997 comienza así, esta tendencia hacia la inconsistencia podría profundizarse dado que por un lado las Provincias están acelerando las privatizaciones para gastar más en un año electoral y la Nación puede llegar a privatizar el Banco Hipotecario Nacional para hacer obra pública en las Provincias.
Después de la crisis de la deuda de los 80, la hiperinflación y el efecto tequila de los 90. ¿Cuánto sufrimiento adicional se necesita para volvernos macroeconómicamente responsables?
El Economista – Pág. 2 – 31 de Enero de 1997
